Igualdad de oportunidades

En UNO MAS, como ya saben quienes de forma tan amable consultan mensualmente nuestra newsletter, tenemos preferencia por las soluciones prácticas y positivas – que funcionen – frente a un cierto abuso de filosofar o de teorizar en exceso acerca de la integración laboral. Nuestras jornadas y sesiones de trabajo se orientan, habitualmente, a resolver cuestiones concretas del proceso de selección, a la mejor manera de cumplir con la normativa o, fundamentalmente, a analizar casos prácticos y experiencias de empresas que logran abordar con éxito esta problemática desde el triple enfoque de responsabilidad, ley y beneficio.

A pesar de ello, en esta primera entrega de 2007, no nos hemos resistido a hacer un breve apunte acerca del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos, proclamado por decisión del Parlamento y del Consejo europeos para sensibilizar a los ciudadanos en general de la necesidad de evitar y prevenir situaciones que supongan discriminaciones en el acceso a derechos considerados básicos.

En el documento de las autoridades europeas hay una idea que nos ha parecido muy útil a quienes estamos empeñados en normalizar al máximo el trabajo de las personas con alguna discapacidad: Que el bienestar social y el progreso no se sustenten a costa de mantener la desigualdad de una parte de la sociedad.

Como saben nuestros lectores, los conceptos de equidad e igualdad no significan lo mismo: Mientras que la igualdad supone reconocer a todos capacidad para los mismos derechos, la equidad supone dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho según sus condiciones. Es decir, tratar igualmente lo igual y desigualmente lo desigual. Que traducido a nuestro día a día, implica hacer algunos cambios en unas pocas fases de los procesos de descripción de puestos y de selección para conseguir encajar mejor capacidades y requerimientos. Un esfuerzo que forma parte de lo que en el área de recursos humanos conocemos como gestión de la diversidad y que afecta a otros ámbitos, además de los trabajadores con discapacidad.

En lo que a UNO MAS y al empleo con discapacitados nos afecta, esperamos, pues, que esta declaración europea suponga un avance en los cambios sociales y de mentalidad; pero, sobre todo, esperamos conseguir muchas, muchas oportunidades concretas para demostrar que el trabajo bien hecho está, sobre todo, basado en la motivación y en la capacidad. Querer y saber.

EL Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, declaró el Año 2007 como «Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas las personas».

Objetivos Año de Igualdad de Oportunidades para todas las personas:

Derechos – Concienciar sobre el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación así como sobre la problemática de la discriminación múltiple. Reforzar el mensaje de que todas las personas tienen derecho al mismo trato, sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Representación – Estimular un debate sobre las formas de aumentar la participación en la sociedad de los grupos víctimas de discriminación así como una participación equilibrada entre hombres y mujeres.

Reconocimiento – Facilitar y celebrar la diversidad y la igualdad. Subrayar la aportación positiva que todas las personas pueden hacer a la sociedad.

Respeto – Promover una sociedad más cohesionada. Incrementar la importancia de eliminar los estereotipos, prejuicios y la violencia, promoviendo las buenas relaciones entre toda la sociedad, y particularmente entre los jóvenes, así como difundir los valores esenciales de la lucha contra la discriminación.

En España, para alcanzar los objetivos del año el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha creado una Comisión en la que están representadas todas las áreas del mismo con competencias en materia de discriminación de las personas por su sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

La primera de las líneas estratégicas previstas por esta Comisión es el establecimiento de cauces de comunicación e información con todos los actores implicados. En el marco de esta estrategia se ha establecido un cauce de comunicación con todos los órganos consultivos y de participación de las áreas implicadas. Se ha puesto en funcionamiento este enlace en la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es), a través del cual todas las Entidades que se inscriban podrán recibir información sobre las actividades a realizar durante el año.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

El Gobierno está contemplando reducir la edad de jubilación de los trabajadores por cuenta propia discapacitados, según explica en un estudio actualizado sobre el impacto de la jubilación anticipada de las personas con discapacidad, conforme a la Ley de Medidas para el Establecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible.

Así responde el Ejecutivo socialista a la petición del diputado de CiU Carles Campuzano, de recibir el mencionado informe, donde también se estudia ampliar a este colectivo el cómputo del tiempo trabajado durante los periodos en que se acredite un importante grado de discapacidad.

En la misma línea, el Gobierno contempla una segunda modificación de la normativa actual que "puede ir encaminada a exigir la edad bonificada o ficticia de los 60, 61 ó 65 años para acceder, además de a la jubilación parcial, a cualquier otra modalidad de jubilación que en cada caso corresponda".

Respecto a la segunda medida, concreta que una posible extensión o flexibilización de la jubilación anticipada en favor de los trabajadores discapacitados "iría en contra de los actuales postulados de retrasar el acceso a la jubilación".

Además, subraya en el estudio solicitado por los nacionalistas catalanes que dichas medidas también se "contraponen con los actuales criterios nacionales y las tendencias europeas en materia de jubilaciones anticipadas".

El estudio elaborado por el Gobierno indica que existe en la mencionada Ley "un cierto margen de maniobra para introducir dos acciones positivas" como las descritas, orientadas a establecer la igualdad de oportunidades sin que acarree perjuicios para las personas sin discapacidad.

Participación de interlocutores sociales
Por otra parte, señala que las posibles acciones positivas en materia de prestaciones de la Seguridad Social para personas con discapacidad deben vincularse en la regulación del conjunto de derechos de las personas en situación de dependencia, incluidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En este contexto, el Gobierno insta a los interlocutores sociales a participar en la inserción laboral de personas, tanto en el diseño como en el desarrollo de las políticas públicas, y a facilitar el tránsito de este colectivo de una vida laboral activa a fórmulas flexibles y graduales de inactividad.

Finalmente, el estudio del Ejecutivo recuerda que las modificaciones oportunas de esta normativa deben ser abordadas por la Mesa de Diálogo Social y en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Fuente: Europa Press

Las primeras en ser asistidas serán las 200.000 personas que sufren gran invalidez. El Gobierno habilita el 900.40.60.80 como teléfono para despejar dudas de los usuarios

Más de la mitad de los españoles no conocen la ley de dependencia, considerada por el Gobierno como su norma estrella. Por eso, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, explicaron los detalles de la norma, que ya ha entrado en vigor, aunque habrá que esperar hasta abril para ver las primeras ayudas. El ministerio ha habilitado el número 900.40.60.80 para despejar dudas.

1 ¿Qué tengo que hacer si soy dependiente?

Usted es una persona dependiente si, por razones de edad o de enfermedad, necesita ayuda para realizar las tareas cotidianas de la vida, como asearse o comer. Por lo tanto, tiene derecho a recibir las ayudas contempladas en la ley. La norma, sin embargo, se aplicará poco a poco. Primero irán los más graves y luego, los menos.

Si usted es dependiente, lo primero que tiene que hacer es pedir una evaluación para que los expertos determinen su grado de invalidez. Ese trámite se realizará en las ventanillas de los departamentos de asuntos sociales de su comunidad autónoma. Usted tiene derecho a realizar ese trámite desde ayer mismo, pero es un poco inútil porque la pesada maquinaria de la norma todavía no ha echado a andar. El ministerio y las comunidades --que se reunirán el 22 de enero-- tienen tres meses para pactar los reglamentos que desarrollarán la ley. Entre ellos, los baremos por los que se catalogarán a los usuarios. Por lo tanto, habrá que esperar hasta abril para que los equipos de valoración tengan todas las herramientas para trabajar. Ese mismo mes, se supone, solo podrán recibir asistencia los grandes dependientes, unas 200.000 personas.

2 ¿Qué pasa si solo tengo un grado leve de dependencia?

También tendrá derechos a las ayudas, aunque eso lo tendrán que determinar los equipos de valoración de las comunidades autónomas. Quitando a los grandes dependientes --que necesitan ayuda las 24 horas del día y comenzarán a ser atendidos el próximo mes de abril--, el resto de los usuarios tendrán que esperar un poco más.

Los afectados, en función de su gravedad, serán catalogados como dependientes severos o moderados. Cada clasificación tendrá, además, otros dos subgrupos.

En el 2008 y en el 2009 serán atendidos los dependientes severos, que son los que necesitan ayuda dos o tres veces al día para realizar las tareas cotidianas aunque no requieren el apoyo permanente de un cuidador. En el 2011 les llegará el turno a los dependientes moderados englobados en el nivel 2 (más graves), mientras que los del nivel 1 (menos grave) serán atendidos en el 2013. Los dependientes moderados son aquellos que necesitan, al menos, la ayuda de un cuidador una vez al día.

Según las previsiones del Gobierno, el Sistema Nacional de Dependencia (SND) estará completamente extendido en el 2015. El SND será, según el Ejecutivo, el cuarto pilar del Estado del bienestar tras la sanidad, la educación y las pensiones.

3 ¿Recibiré una ayuda económica por ser dependiente?

Sí, pero la respuesta es mucho más compleja. La intención del Gobierno es dar servicios asistenciales y no tanto ayudas económicas. Solo en el caso de que el dependiente no pueda tener acceso a los servicios contemplados en la norma --debido, por ejemplo, a su lugar de residencia-- se le ofrecerá una compensación económica para que acceda a esos servicios en el mercado privado.

El catálogo de servicios incluye el servicio de teleasistencia. Es decir, un teléfono con el que llamar en caso de sufrir problemas. También se podrá obtener un servicio de ayuda a domicilio. En estos casos, un cuidador acudirá al lugar de residencia del usuario para atender el hogar y las necesidades vitales del afectado. El usuario podrá pedir ayudas económicas para adaptar su casa a su estado físico. Por ejemplo, si está en una silla de ruedas.

La norma también prevé otorgar plazas en centros de día y de noche a aquellos que lo necesiten. Mientras, los dependientes más graves podrán acceder a una plaza en una residencia, algo que, en la actualidad, es prácticamente imposible. Estos centros serán públicos o, en su defecto, concertados con las distintas administraciones.

4 ¿Los servicios serán gratuitos o habrá que pagarlos?

Habrá que pagarlos, aunque solo una parte. El Gobierno insiste en que el sistema sería "inviable" si solo se financiara con dinero público.

En cualquier caso, no todo el mundo pagará lo mismo sino que el desembolso se realizará en función de la capacidad económica del usuario. Pagarán más los que más tienen. ¿Y los que no tiene apenas nada? El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales lo dejó ayer claro: "Nadie se va a quedar sin ayudas por falta de recursos".

En principio, el porcentaje de copago está establecido en el 30%, aunque irá subiendo "a medida que pasen los años y aumente la capacidad económica de los españoles", según ha declarado el Ejecutivo en varias ocasiones.

A la hora de valorar la capacidad económica de los usuarios, la ley dice que hay que tener en cuenta tanto sus recursos económicos como su patrimonio.

5 ¿Qué ocurrirá con los actuales cuidadores familiares?

Las personas que actualmente están cuidando a familiares dependientes --en la mayoría de los casos son mujeres retiradas del mundo laboral-- podrán profesionalizarse. Es decir, recibirán un sueldo y serán dadas de alta en la Seguridad Social.

El salario está todavía por determinar. Es una de las cosas que tiene que pactar en breve el Gobierno con las autonomías. Respecto a la cotización, Caldera aseguró que, probablemente, estos trabajadores no tendrán que pagar de su bolsillo al Seguro como autónomos sino que se incluirán en el régimen general. Pero eso es otra de los aspectos que el Gobierno tiene que pactar.

Fuente: El Periódico

Varios juzgados de Sevilla han declarado improcedentes los despidos de trabajadores discapacitados de una empresa de Utrera (Sevilla), que en julio cerró y rescindió los contratos de 30 de sus 38 empleados. El abogado de los trabajadores, Antonio Ortiz, dijo que los distintos jueces de lo Social han atendido todas sus demandas, en las que reclamaron indemnizaciones por despido más salarios de tramitación, que en el caso de una comercial supuso la obligación de pagar 8.523 euros, más 1.704 euros de costas e intereses.

Sin embargo, añadió el letrado, la empresa ha recurrido a lo que considera una "nueva estrategia" para no abonar lo que le corresponde, pues el 15 de noviembre anunció al juzgado que pagaría las indemnizaciones y no lo ha hecho en el plazo legal de un mes.

La empresa Munchenn Sistemas, dedicada a la carpintería metálica, entregó entre el 10 y el 11 de julio de 2006 cartas de despido a 30 de sus 38 empleados. La compañía tenía la totalidad de su plantilla formada por trabajadores con distintos tipos de discapacidad, como sordomudos, autistas o esquizofrénicos, hecho que fue destacado específicamente en las demandas judiciales.

Según el letrado de los trabajadores, Munchenn no se presentó al juicio pero, tras la sentencia, sí que se personó y comunicó al juez que optaba por el abono de la indemnización en lugar de la readmisión del trabajador.

No obstante, la ley establece que dicho abono debe hacerse en el plazo máximo de un mes, que no se ha cumplido, por lo que el juzgado ha iniciado un proceso de embargo. Los trabajadores denunciaron en el juicio que percibían un sueldo en torno a los 961 euros mensuales, pese a que el convenio colectivo de la siderometalurgia de Sevilla tiene establecida para la misma categoría laboral 1.204 euros. La empresa argumentó motivos disciplinarios para los despidos.

Fuente: El País

En España, el 58 por 100 de las personas con discapacidad son mujeres y en muchas ocasiones sufren una doble discriminación. La mayoría son viudas (el 39 por 100 del total de mujeres con discapacidad, frente al 9 por 100 de los hombres con discapacidad viudos) y sus tasas de actividad y de paro son muy superiores a las de los hombres con discapacidad.

Las principales medidas que contempla el Plan, distribuidas por áreas de actuación, son las siguientes:

Área I. Imágenes y prejuicios:
La puesta en marcha de campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad en general y a las propias mujeres, para erradicar estereotipos, fomentar la autoestima, la toma de decisiones y la participación en igualdad de oportunidades.

La participación de las mujeres con discapacidad en espacios de los medios de comunicación social (cine, publicidad, programas de radio, televisión, etcétera) que no se relacionen directamente con la discapacidad.

Área II. Vida familiar, relaciones afectivas y maternidad:
La elaboración y difusión de una campaña para eliminar la imagen negativa de las mujeres con discapacidad entre las familias de mujeres y niñas con discapacidad.

La difusión entre el profesorado, las madres y los padres de criterios que permitan prevenir el proteccionismo y la infantilización de las niñas y jóvenes con discapacidad.

Área III. Educación:
La sensibilización de los padres y las madres respecto a las verdaderas necesidades y aptitudes de las niñas con discapacidad.

La introducción de la perspectiva de género y discapacidad en los currículos académicos para formar a los profesionales de la enseñanza: magisterio, pedagogía, psicopedagogía, etcétera.

Área IV. Empleo:
Sensibilización de las mujeres con discapacidad sobre sus posibilidades de integración, para que eliminen los estereotipos y prejuicios negativos que tienen sobre sí mismas y tomen conciencia de su propia valía, así como del empresariado, trabajadores/as y servicios públicos de empleo con idéntico fin.

La introducción de la perspectiva de género y discapacidad en los programas de formación continua y especializada de los profesionales de enseñanza, recursos humanos, medios de comunicación, sanidad, servicios sociales y jurídicos, etc.

Área V. Poder y participación:
La difusión de imágenes de mujeres con discapacidad participando en distintos ámbitos de la sociedad, en especial en actividades de ocio y tiempo libre que no sean específicas de la discapacidad.

La formación de líderes dirigida a mujeres con discapacidad y de animadores socioculturales con perspectiva de género y discapacidad.

Área VI. Violencia:
La puesta en marcha de campañas de prevención y sensibilización sobre violencia de género y discapacidad, dirigidas a mujeres que la padecen, a las asociaciones relacionadas con la discapacidad y a la sociedad en su conjunto.

La incorporación de conocimientos sobre discapacidad en los programas de formación de profesionales relacionados con la atención a la violencia (seguridad, sanidad, justicia y docencia).

La realización de actividades de formación especifica en género y discapacidad, dirigidas a profesionales de la sanidad, para que detecten y pongan en conocimiento de los servicios sociales, o en su caso de los Tribunales, los supuestos en que se aprecie la existencia de malos tratos, agresiones y abusos sexuales a mujeres y niñas con discapacidad.

Área VII. Salud:
La formación del personal médico-sanitario sobre la atención a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los servicios sanitarios, que incorpore pautas de atención que tengan en cuenta las limitaciones que presenta cada tipo de discapacidad e informe sobre su realidad específica.

La realización de programas de formación en el lenguaje corporal femenino y en el fomento de la autoestima en los cursos de rehabilitación dirigidos al personal sanitario de hospitales y centros.

Área VIII. Protección social y jurídica:
La formación de organizaciones de voluntarios para que desarrollen programas de acompañamiento a la hora de formular denuncias.

La formación en discapacidad de los agentes de igualdad, a fin de garantizar que en todos los programas de intervención se contemple la situación diferencial de las mujeres con discapacidad.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

La docencia, la investigación y las relaciones laborales son los campos en los que el compromiso de la Universidad de Cádiz (UCA) con las personas discapacitadas se va a llevar a efecto. Y la puesta en marcha de esta propuesta se concretará con el desarrollo de diferentes acciones que faciliten la integración, la atención específica a estas personas y el acceso a los servicios y el trabajo en igualdad de estas personas.

Todo parte del acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de la UCA en julio de 2006, por iniciativa de la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria. El mismo ha supuesto la puesta en práctica de estas acciones que implicarán todos los estamentos universitarios, así como a todas las unidades administrativas, de gestión y de servicios dispuestas en los cuatro campus.

Se promocionará, entre otras acciones, la implantación progresiva del Curriculum adaptado a estas personas en todos los planes de estudio de las distintas especialidades de la UCA, con la intención de contribuir a una mayor integración social y laboral de este colectivo. Un objetivo que se complementa con la potenciación dentro de la Comunidad Universitaria y hacia el entorno social, de iniciativas que fomenten la sensibilización y la formación en las situaciones y problemas derivados de la discapacidad. De igual manera y siguiendo en esta línea destinada a favorecer la integración, en el campo de la investigación se promoverá la puesta en práctica y la implantación de proyectos de I+D+I que fomenten en desarrollo humano integral y la inserción en todos los ámbitos de la vida para las personas con discapacidad.

Fuente: Universidad de Cádiz