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EDITORIAL |
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Hacia una concienciación mayor
Nuestro país está viviendo un momento nuevo y muy especial en lo que respecta al trabajo de las personas con discapacidad.
Por un lado, como consecuencia de los acuerdos en materia de Reforma Laboral (en este momento en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados) la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado su vigilancia y prepara actuaciones más amplias y planes y objetivos específicos para 2007 en cuanto a verificar el cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido.
Por otro lado, las empresas, al principio las grandes pero ahora ya también las medianas, están tomando rápidamente conciencia de las oportunidades de todo tipo que supone emplear a personas con discapacidad más allá de la necesidad de cumplir con la normativa. Vemos proliferar jornadas, seminarios, encuentros técnicos etc. y también recibimos en UNO MAS un aumento notable de consultas y solicitudes de colaboración para abordar con éxito la integración de trabajadores con discapacidad.
Y, finalmente, la Ley de Dependencia, cuyo Proyecto reproducimos en este número de INFO UNO MAS, y que está en fase de tramitación, entrará en vigor el próximo 1 de enero abriendo un nuevo horizonte de autonomía personal a muchos ciudadanos.
Todo esto apunta –junto con la Convención que prepara la ONU– hacia una concienciación mayor y hacia una movilización general a favor de un derecho que cada día está más cerca de generalizarse.
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Anteproyecto de la Ley de Dependencia |
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La nueva norma podría beneficiar a 1.125.000 personas que padecen una dependencia grave y severa
Una persona dependiente es aquella que necesita ayuda para realizar las actividades básicas cotidianas como levantarse de la cama, asearse o comer. Los datos del Ministerio de Asuntos Sociales revelan que en nuestro país hay más de 1.125.000 personas en esta situación. Por esta razón, muchas ONG y asociaciones llevan años trabajando para que la Ley de Dependencia vea la luz en España. De momento, el anteproyecto se ha presentado en diciembre de 2005 y se prevé su entrada en vigor en enero de 2007.
¿Qué implica la aprobación de esta Ley?
Reconoce el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Gobierno. Para ello se ponen de manifiesto una serie de prestaciones que se recogen de la siguiente manera en el anteproyecto:
Todos estos servicios se gestionarán a través del Sistema Nacional de Dependencia, que se establecerá definitivamente en el año 2015. Para su consecución el Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros.
Fuente: Consumer
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La Junta de Andalucía establecerá nuevos beneficios fiscales para los discapacitados |
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La Junta de Andalucía establecerá el próximo año nuevos beneficios fiscales de apoyo a las personas con discapacidad, los jóvenes y las familias, así como para facilitar el acceso a la vivienda protegida.
El Consejo de Gobierno acordó iniciar los trámites del
proyecto de Ley sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2007, norma que recogerá estas medidas tributarias.
En concreto, se crearán dos nuevas deducciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para familias monoparentales y asistencia a personas con discapacidad. Además, se actualizarán y mejorarán otros beneficios fiscales ya vigentes, especialmente en materia de vivienda.
La primera de las deducciones de nueva creación, de 100 euros, se destina a madres o padres de familia monoparentales con hijos o con ascendientes mayores de 75 años a su cargo, a fin de compensar el hecho de que las cargas familiares, tanto económicas como de otra índole, recaen sobre una sola persona.
La otra nueva mejora fiscal consistirá la deducción de 100
euros en la cuota íntegra autonómica por cada ascendiente o descendente con discapacidad que conviva con el contribuyente.
También se deducirá un 15% en la cuota fija en concepto de
Seguridad Social por cuenta del empleador, con un límite de 250 euros, cuando se acredite que se necesita contratar un cuidador para atender a la persona discapacitada.
En cuanto a las mejoras de los incentivos fiscales ya vigentes dentro del tramo autonómico del IRPF, destaca la relativa a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes menores de 35 años que no superen determinados niveles de renta.
Esta deducción, creada en 2002, se incrementa del 2% al 3% de las cantidades invertidas. El objetivo es compensar a los jóvenes por la subida que viene experimentando el último año el euríbor, índice que de referencia para los préstamos hipotecarios. Finalmente, el anteproyecto de ley aumentará de 50 a 100 euros la deducción para personas con discapacidad en la cuota íntegra autonómica del IRPF, siempre que no superen determinados tramos de renta.
Fuente: Solidaridad Digital
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La ONU aprueba el borrador de la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas |
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El proyecto obligará a los gobiernos a adoptar medidas específicas a favor de 650 millones de personas minusválidas en todo el mundo
Un comité especial de la ONU aprobó el borrador de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas, el primer tratado sobre derechos humanos que se acuerda en este siglo XXI.
El proyecto de convención obligará a los gobiernos a adoptar medidas específicas a favor de los 650 millones de personas que sufren minusvalías en todo el mundo.
El Comité especial de la Asamblea General que ha negociado el tratado ha sido presidido por el embajador neozelandés Don MacKay, quien consideró su aprobación como un éxito.
Italia lanzó la idea hace dos décadas y luego se la hizo suya el presidente mexicano, Vicente Fox, quien reactivó en la ONU la iniciativa en 2001, aunque las negociaciones empezaron de forma intensa cuando se creó el comité especial en 2002.
La convención será un instrumento vinculante para los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas discapacitadas, así como a que puedan tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada y movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales.
También tiene como objetivo proteger y garantizar la igualdad plena con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.
El término de discapacidad fue uno de los puntos más controvertidos durante el debate previo a la adopción.
Finalmente se ha acordado definir como discapacitadas a una persona que sufre algún menoscabo físico, mental o sensorial que le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas, y que es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.
Según datos de la ONU, el 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo, mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de discapacidad es más alta en los sectores sociales más marginados y con menor acceso a la educación.
La organización mundial calcula que el 90 por ciento de los niños con minusvalías no asisten a la escuela, y que el índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidades llega solamente al 3 por ciento, un porcentaje que baja al 1 por ciento en el caso de las mujeres que sufren la misma situación.
El tratado deberá ser aprobado por la Asamblea General de la ONU en el período de sesiones que empieza en septiembre, y para su entrada en vigor luego necesitará la ratificación de los países miembros.
Fuente: La Vanguardia
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Programa para la inserción laboral de grupos excluidos en Aragón |
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El Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) destinará 2 millones de euros al programa de empleo público para promover la inserción laboral de colectivos desfavorecidos, que permitirá acceder al mercado de trabajo a un total de 289 personas desempleadas. Según fuentes del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, al que se adscribe el Inaem, este programa se lleva a cabo con entidades sin ánimo lucro y tiene como objetivo que los desempleados con riesgo de exclusión social adquieran experiencia laboral junto a la puesta en marcha de servicios de interés social.
A través de este programa, el Inaem selecciona candidatos a través de 22 oficinas de empleo y subvenciona los costes salariales de los trabajadores desempleados contratados. Con una duración media de cinco meses, un total de 289 trabajadores desempleados accederán al mercado laboral mediante Contratos de Interés Social, nueva modalidad de contratación que facilita la cualificación profesional de desempleados mediante la formación y la experiencia. Asimismo, 116 instituciones sin ánimo de lucro, públicas y privadas de la comunidad aragonesa reciben subvenciones del Instituto para participar en este programa de empleo público.
Entre las entidades participantes que se encuentran asociaciones de discapacitados, empresariales o de promoción gitana y organizaciones como Cruz Roja, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza o la Federación Aragonesa de Cooperativa Agrarias, así como numerosas colectivos solidarios. La iniciativa, que se estructura en cinco grandes áreas de actividades, permitirá desarrollar 164 proyectos de servicios interés social y utilidad colectiva en Aragón, dirigidos a discapacitados, personas mayores, menores y colectivos en riesgo de exclusión.
En el caso de los discapacitados (física, psíquica y sensorial), los servicios abarcan desde la atención a niños con problemas de desarrollo hasta facilitar el reconocimiento de la diferencia y la integración social y laboral. Otros proyectos incluyen actividades dirigidas a la integración laboral de personas pertenecientes a colectivos con especial dificultad de inserción y estudios acerca de necesidades de empleo, análisis de mercado de trabajo, creación de actividad y desarrollo económico.
Fuente: El Periódico
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Los discapacitados se sienten discriminados al contratar seguros de vida y sanitarios |
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Poner a cubierto la vida puede ser algo inalcanzable para las personas con discapacidad, según denuncia en un informe el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Productos como obtener la garantía de una renta en el caso de incapacidad o la asistencia sanitaria privada integral les están prácticamente vedados. En un momento en el que incluso el sistema público de protección social desvía alguna de sus tradicionales funciones a los seguros privados, el acceso a estos servicios está más restringido para este colectivo. Y, según muchos, no hay razones que lo justifiquen.
El Cermi afirma que a los tres millones y medio de personas con discapacidad que viven en España les es muy difícil o incluso imposible contratar determinados tipos de seguros. Una situación que afectará cada vez a más personas pues, según los cálculos de Naciones Unidas, a cada habitante con una esperanza de vida de más de 70 años, le tocará sufrir de media durante ocho algún tipo de discapacidad.
Seguros justos
El informe del Cermi habla de tratamiento injustificado. Aunque también surgen problemas para suscribir seguros de accidente o de multirresgo de hogar, el Cermi afirma que quienes se enfrentan a una mayor discriminación son quienes sufren discapacidad visual, auditiva, física y mental y pretenden contratar seguros de vida o de asistencia sanitaria. La discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida está prohibida por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que aprobará la Asamblea General de la ONU entre finales de noviembre y diciembre. Naciones Unidas prescribe que estos seguros «deberán ser proporcionados de un modo justo y razonable».
La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) se defiende: a las personas con discapacidad se las trata como a cualquier otra. La cuestión se reduce a valorar el riesgo de que se produzca el suceso cubierto y, el suyo, es un riesgo mayor. De este modo, las sobreprimas o la denegación de determinadas coberturas tendrían justificación. Pero, según el Cermi, el problema es que los riesgos no están calculados. «Es excluir por excluir. Sin ningún criterio», afirma Óscar Moral, presidente de la Comisión contra la discriminación del Cermi. El informe señala que no hay estadísticas serias sobre una supuesta mayor siniestralidad en las personas que padecen alguna discapacidad. En Unespa aseguran que «las compañías tienen sus propias tablas. Cada una decide qué riesgo asume, dentro de sus propias posibilidades».
Sin datos, rechazo o sobreprima
Cuando Jesús Ulloa dice que las personas con discapacidad tienen menor riesgo de siniestralidad que la media no habla en nombre del Cermi sino de una correduría de seguros especializada en servicios dirigidos a personas con discapacidad. «Si las personas con discapacidad son más «siniestrosas», habrá que acudir a algún seguro público, pero vamos a demostrar que lo son o que no». Ulloa afirma que el problema es que el sector asegurador no tiene experiencia en este asunto y por principio rechaza la cobertura o aplica un recargo de seguridad, calculado a veces de forma arbitraria.
Uno de los seguros que más problemas plantea es el de asistencia sanitaria. Como regla general, las aseguradoras no cubren los tratamientos de las enfermedades o lesiones que el asegurado padecía antes de contratar la póliza. En el caso de personas con discapacidad, este requisito prácticamente vacía de utilidad el contrato y perjudica especialmente a quienes viven en las regiones donde el sistema sanitario público está menos preparado para atenderles. El equipo de Ulloa ha logrado que una aseguradora cubra un riesgo que la mayoría de las compañías consideran una pérdida de dinero: el tratamiento de las enfermedades asociadas a la discapacidad física o psíquica del asegurado. Y ello con unas cuotas no muy por encima de la media. Es una iniciativa que lleva muy poco en marcha, pero que, según Ulloa, no parece estar funcionando mal para la empresa que se arriesgó. El secreto está en la especialización y en alcanzar un volumen crítico de pólizas.
El seguro de incapacidad -que garantiza recibir una renta cuando quien suscribe la póliza obtiene la declaración de incapacidad- es otra de las coberturas más frecuentemente denegadas por las aseguradoras. «Una persona con discapacidad puede ser una persona perfectamente incardinada en el entorno laboral, y puede sufrir incapacidad, pero no por su discapacidad, sino por otra causa», afirma Oscar Moral. Y pone un ejemplo: «Una persona con discapacidad medular que trabaja en un taller puede ser declarado incapaz porque ha sufrido un infarto. Estará excluido de cobertura», afirma. Otra de las iniciativas de la empresa de Ulloa va en ese sentido y trata de cubrir, entre otras, contingencias similares, pero a través de un seguro de accidente que no implique una sobreprima muy elevada. Convence a las empresas con razones de peso: «Mis hijos son más «siniestrosos» en el colegio que los que tienen síndrome de Down porque, cuando salen al recreo, están menos vigilados», afirma Ulloa. Y si la probabilidad del riesgo es menor, la sobreprima no está justificada.
El estudio del Cermi apunta que incluso a las personas con discapacidad física se les deniega en muchos casos la contratación de un seguro de vida. Los efectos de esta imposibilidad se extienden a otros ámbitos: «Un seguro de vida es, a veces, necesario para comprar una vivienda, a la hora de contratar una hipoteca», asegura Moral.
Más difícil comprar una vivienda
El seguro de vida está legalmente vedado a los incapacitados judicialmente. La prohibición de contratar un seguro que indemnice a sus herederos en caso de muerte, tiene el fin, según Moral de «impedir situaciones «extrañas»», es decir, evitar que los tutores o responsables legales pudieran aprovecharse de la situación. «En esos casos, hay que tener especial cuidado. Pero la restricción genérica podría ser matizada de alguna manera y posibilitar que determinadas personas incapacitadas legalmente pudieran contratar».
También en los seguros de automóvil el Comité ha detectado problemas a la hora de cubrir las lesiones de los acompañantes del conductor con discapacidad. El problema está en valorar el aumento de las lesiones.
Un caso a parte es el del Colegio de Abogados de Madrid. El informe del Cermi afirma que la Corporación deniega la contratación de los seguros de asistencia sanitaria y de accidente a los colegiados con discapacidad visual, permitiendo sólo que contraten el seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, tanto el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí, como Rafael Navas, el subdirector de la mutualidad de abogados con la que éste acuerda todos los seguros -salvo el de asistencia sanitaria y responsabilidad civil- niegan este punto. «El Colegio tiene un servicio médico, no un seguro, que no hace ninguna discriminación entre colegiados». Navas afirma que en el caso del seguro de accidente, «lo único que hubiéramos hecho es, quizás recargar la prima». En cuanto al seguro de vida, «ser ciego no agrava la posibilidad de muerte. El contrato se firmaría con total normalidad», asegura. Sólo se excluirían de la cobertura «el riesgo de incapacidad por ser invidente y las prestaciones sanitarias relacionadas con el problema».
La deficiencia en la oferta de seguros no sólo perjudica a las personas con discapacidad. El Cermi afirma que esta actitud reticente de las aseguradoras también les hace perder mucho dinero. Según sus valoraciones, el sector asegurador estaría dejando escapar más de 900 millones de euros al no cubrir una demanda de más de dos millones de pólizas. Fuente: ABC
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El alcalde de Madrid recibe el "Manifiesto para la supresión de barreras arquitectónicas" |
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El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su "compromiso absoluto" de seguir trabajando por la supresión de barreras arquitectónicas en la capital para "facilitar la participación de todos los ciudadanos, incluidos los que padecen alguna discapacidad física, en la vida política, social, económica y cultural" de la ciudad.
Gallardón recibió en la Casa de la Villa el "Manifiesto para la supresión de barreras arquitectónicas" promovido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en un acto en el que estuvieron presentes algunas víctimas de atentados, entre ellas Irene Villa.
El manifiesto fue entregado a Gallardón por uno de los dos
corredores del Club de Atletismo AVT que protagonizaron una carrera de unos 30 kilómetros entre Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Madrid. Durante la misma, los atletas hicieron entrega del manifiesto en los ayuntamientos de estas localidades, salvo en el de Getafe, que no quiso adherirse al mismo.
Con su manifiesto, la AVT pretende "concienciar a la
ciudadanía en general y a la Administración Pública, en
particular, sobre la importancia de incidir en la supresión de
las barreras arquitectónicas en la sociedad", con el fin de "facilitar la vida de aquellas personas que tienen minusvalías físicas, no sólo como consecuencia de un atentado terrorista, sino como consecuencia de cualquier otra circunstancia personal".
La AVT reclama a los poderes públicos que materialicen su
obligación de realizar una política de integración de los
disminuidos físicos e incide en la importancia de integrar a
estas personas en el ámbito laboral. También resalta la labor de sensibilización y concienciación en los centros escolares y destaca la importancia que tienen actividades lúdicas, como el deporte, para la rehabilitación de estas personas.
4.221 bordillos menos
Durante el acto, Gallardón expresó su "solidaridad y
compromiso activo" con todas las personas con algún tipo de discapacidad física" y dijo que facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, social, económica y
cultural de la ciudad y convertir a Madrid "en una ciudad que no deja fuera a nadie" es un signo de modernidad.
El alcalde aseguró que su ayuntamiento está haciendo mucho por la supresión de las barreras arquitectónicas, ya que, según dijo, en los últimos tres años ha eliminado más barreras que en los ocho años anteriores, aunque reconoció que "siguen existiendo muchas barreras" y se comprometió a seguir trabajando en esta materia.
Señaló que desde 2004 se han rebajado 4.221 bordillos en la ciudad y destacó que todas las nuevas estaciones de Metro construidas son accesibles para las personas con discapacidad.
Además, agregó que se han mejorado muchas de las estaciones de Metro ya existentes, y puso como ejemplo la Línea 3, construida en la primera mitad del siglo XX y que, una vez finalizadas las obras que se están llevando a cabo, tendrá todas sus estaciones accesibles.
Por su parte, Irene Villa y el delegado de la AVT en Madrid,
Juan Antonio García Casquero, incidieron en la necesidad de que se eliminen los bordillos en la ciudad y se mejore la
accesibilidad al Metro y a los autobuses.
Fuente: Discapnet
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