Como recordará, estimado lector, estimada lectora, el Editorial de INFO UNOMAS del pasado mes de julio ya apuntaba el escenario que nos estamos encontrando en septiembre.

No hacía falta ser grandes adivinos: bastaba con leer la prensa general y especializada y escuchar a los responsables de las empresas para vislumbrar un “cambio de paso” en el sentido más profundo del término. 

Ahora bien, ante estas situaciones caben dos actitudes posibles: Una consiste en obsesionarse por recortar gastos, reducir plantillas, buscar culpables, cancelar contratos y consumir, de manera enfermiza, toda clase de malas noticias aunque provengan de entornos económicos menos sólidos que el nuestro y estén en la otra punta del globo.

Otra actitud, a nuestro juicio más inteligente, útil y positiva, es la de analizar la situación con la mayor serenidad y rigor posibles y, después, dedicarnos a poner en valor y aprovechar todas las potencialidades acumuladas por nuestra organización en los últimos tiempos. Ciertamente, durante unos meses no recibiremos cartas del banco comunicándonos préstamos pre-concedidos ni invitaciones a comprar toda clase de artículos –no siempre necesarios - a crédito; pero también es cierto que tenemos intactas nuestra reservas de capital humano – probablemente, más motivado e implicado que nunca – y contamos también con la experiencia acumulada por el buen hacer de nuestras empresas (productos, servicios, redes, líneas de éxito, conocimiento de los clientes y el mercado, etc.). Y también tenemos que considerar que el mercado va a seguir demandando bienes y servicios y que la actividad económica puede no crecer pero es más cierto que tampoco se va a detener.

Esta actitud es la que nos permitirá salir de la crisis, cuando acabe – que acabará - , de una forma reforzada y con mayores posibilidades de éxito. Al igual que era erróneo el planteamiento de que la época de vacas gordas no se iba a acabar nunca y que, por fin, se habían acabado los ciclos económicos, es una trampa psicológica pensar que entramos en un pozo en el que nuestra generación no volverá a ver la luz.

Es ya hora de competir en serio, de hacer los cambios que el nuevo modelo de competitividad nos venía demandando desde hacía años y de anticiparse al nuevo escenario. Es muy posible que en unos meses esté bastante estabilizada la crisis financiera y habrá que esperar algún tiempo más para que la crisis económica haya aflorado todos su efectos y reajustes en el modelo productivo: desde el consumo hasta el I+D+I, pasando por la estructura productiva, la formación, los valores de empresa y, como no, los equipos humanos.

Pero de lo que no tenemos dudas es que las empresas que hayan realizado un buen análisis de sus fortalezas y de su razón de ser y se hayan adaptado al nuevo marco y a las nuevas reglas del juego, ganarán en solidez y en rentabilidad.

Y entre las reglas del juego que se imponen está la de alinear los valores de las empresas con los valores sociales y también el buscar la excelencia en cuestiones como la igualdad de oportunidades, la integración de las personas con discapacidad, la seguridad y la salud en el trabajo o la preocupación medioambiental. La jornada que la Fundación Prevent ha organizado el próximo 30 de septiembre en Madrid contiene buena parte de los elementos y las herramientas que permiten aplicar políticas de responsabilidad social empresarial realistas, eficaces y claramente dirigidas a mejorar la competitividad de nuestras empresas.

El completo artículo de Margarita Sebastián, del CEAPAT, que detalla los criterios y las posibilidades en materia de adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que publicamos en este número, ofrece un buen número de esas herramientas que facilitan las políticas de integración y el cumplimiento de la ley (tanto la LIONDAU como la LISMI). Y esto sirve también para poner en valor las políticas de integración laboral de personas con discapacidad: No únicamente porque la Ley y la Inspección de Trabajo lo exigen; también porque van a tener que reforzarse aquellos valores “intangibles” que añadan valor a la marca de nuestra empresa y que hagan que los equipos estén más motivados y cohesionados.  La elección es de cada uno.

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan para la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad para cuyo desarrollo se destinarán 3.700 millones de euros, que se dirigen a aumentar la tasa de actividad y de ocupación y mejorar la calidad del empleo de un colectivo que representa el 8,6 por ciento de la población entre 16 y 64 años y del que menos de la mitad (4,1%) trabaja.

Según valoró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, esta iniciativa, propuesta por los ministros de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho y de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, supone "una garantía para que este colectivo pueda disfrutar plenamente de todos sus derechos, garantizándole el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad".

Así, explicó que se trata de un plan que se llevará a cabo hasta 2012, con una dotación anual de 740 millones de euros, de los cuales, 440 corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y los 300 restantes se destinarán a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo.

Este plan responde a la necesidad de actualizar los contenidos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aprobada hace 25 años, y da cumplimiento a un mandato legal contenido en la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, aprobada en diciembre de 2006.

El Corte Inglés contrató a un total de 108 personas con discapacidad durante el ejercicio 2007, lo que supone un aumento del 15,6% sobre el total de la plantilla en esta situación en 2006, según la información ofrecida por la compañía en su Memoria Anual, aprobada por la Junta de Accionistas.

En la Memoria, El Corte Inglés explica que "mantiene una política encaminada a conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito laboral".

Entre ellas, se encuentra la colaboración con Centros Especiales de Empleo para la subcontratación de servicios y la compra de productos fabricados en dichos centros.

En 2007 la compañía de distribución colaboró con 75 Centros Especiales de Empleo, con los que obtuvo una facturación de 14,4 millones de euros, un 27% más que en el ejercicio anterior.

Además, se han realizado donaciones a entidades dedicadas a la inserción laboral de personas con discapacidad por valor de 375.000 euros.

En la línea de la integración de las personas con discapacidad, se enmarca el convenio de colaboración firmado con la Fundación Once, que se firmó en febrero de 2008.

El primer campamento "Verano Multiaventura para Personas con Discapacidad 2008" organizado para niños con discapacidad por la Fundación Deporte y Desafío, con la colaboración de grupo Lar y BBVA, ha comenzado hoy en la lodalidad de Bustarviejo (Madrid).

El evento, que concluirá el próximo jueves día 4 de septiembre, está encuadrado dentro del proyecto de integración social de la Fundación Deporte y Desafío y aprovechará los últimos días de vacaciones de niños con discapacidades físicas, intelectuales y sensoriales, para realizar estos campamentos y no interferir en los primeros días escolares.

En el campamento inaugurado hoy, cerca de 20 niños con discapacidad, tutelados por monitores de la Fundación Deporte y Desafío, intentarán superar diferentes pruebas deportivas como escalada, tirolina, tiro con arco, hípica, piragüismo y la piscina con toboganes y trampolines, adaptados a las necesidades de cada discapacidad.

La Fundación realizará su segundo campamento entre los días 5 y 8 de septiembre. Además, tiene previsto celebrar otros campamentos de fin de semana entre los meses de octubre y noviembre para brindar a las personas con discapacidad un entorno deportivo y de amistad.

La Fundación Deporte y Desafío es una institución cultural, privada y sin ánimo de lucro. Tiene como objetivo principal la integración social de las personas con discapacidad, tanto física, como intelectual o sensorial, a través del fomento de deportes adaptados y actividades al aire libre en el ámbito de la normalidad. Además, la Fundación contribuye también a la inserción laboral de sus participantes.

Existe cierta preocupación en el Ministerio de Educación y Política Social por "la percepción que los ciudadanos tienen de la aplicación de la Ley de la Dependencia". Por eso, el departamento de Mercedes Cabrera evaluará los fallos en los trámites burocráticos, en la falta de información y en el sistema informático con el fin de aplicar mejoras.

Cuando entraba en vigor la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero consideraba que estaba poniendo "el cuarto pilar del Estado del bienestar". Pero, apenas un año y medio después, desde el Ministerio de Educación y Política Social se reconoce una "preocupación por la percepción que los ciudadanos tienen de la aplicación de la ley".

El departamento de Mercedes Cabrera, según fuentes del ministerio, se plantea incluir mejoras en un tema que han heredado de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, antes en Trabajo, ya que se está generando "frustración en los ciudadanos". Educación reconoce problemas en el sistema informático Siaad (diseñado para gestionar los expedientes), ya que algunas comunidades autónomas se quejan de que se tarda 45 minutos en tramitar cada caso. Además, existen reclamaciones por los plazos demasiado extensos y complejos en resolver las solicitudes y algunos territorios (como Valencia, Galicia, Cataluña o Madrid) denuncian la falta de financiación y de diálogo por parte del Ejecutivo. También se considera que los ciudadanos no han sido convenientemente informados del calendario de ejecución de la ley, que contemplaba que en 2007 se reconocería primero las prestaciones a los grandes dependientes (de grado 3), después a los de grado 2 (a partir de 2008) y sólo en el quinto y sexto año de aplicación a los llamados de "dependencia moderada". También, "algunas comunidades ralentizaron los trámites antes de las elecciones de marzo", aseguran desde el departamento de Cabrera, señalando especialmente a la Comunidad de Madrid, pero explican que el ritmo de aceptación de solicitudes ya se ha equiparado en todas las regiones. Para superar estas deficiencias, Educación va a poner en marcha una evaluación del sistema informático, así como de todos los procesos burocráticos. Además, aseguran que incluirán "transparencia en el sistema de información" a los ciudadanos. Pero el ministerio también se ha encontrado con que los demandantes están solicitando más ayudas económicas (destinadas a cuidar de los familiares en casa), que prestaciones de servicios a través de centros y programas públicos, situación que la norma no preveía para los grandes dependientes. "El espíritu de la ley buscaba liberar a la mujer de esa carga y la creación de una red asistencial sólida".

La avalancha de solicitudes lanza el presupuesto a 1.200 millones.
Las previsiones de Ley de Dependencia estimaban que para 2010 estuvieran reconocidos 223.000 grandes dependientes. Pero, a 31 de julio de 2008, los dictámenes (de peticiones valoradas) ya son 279.450. Esto ha provocado que la Administración central haya elevado hasta 1.200 millones de euros la partida en los Presupuestos de 2009 para poder aplicar estas políticas. La estimación en la ley, recogía que para 2009, sin embargo, sería sólo de 979 millones. Ya en 2008, el Ejecutivo elevó desde los 678 millones a los 871 finalmente presupuestados.

Este dinero se dedica, por un lado, a pagar el coste de cada dependiente y, por otro, se destinan 241 millones para servicios e infraestructuras a repartir entre las comunidades autónomas. Tanto Galicia como Madrid y Valencia reclaman más financiación en esta segunda partida. Además, Educación asegura que las ayudas no estarán ligada, en ningún caso, al debate del nuevo modelo de financiación. Los demandantes solicitan más ayudas directas en vez del pago de residencias

La creación de empleo ligada a la ley, más lenta de lo previsto.
En el Ministerio de Educación y Política Social tampoco están satisfechos con la generación de empleo que se crea alrededor del desarrollo de las políticas de dependencia. El Libro Blanco de la Dependencia, que sirvió como base para desarrollar la ley, estimaba que en 2005 se crearían 10.500 nuevos puestos de trabajo, 45.000 en 2006, 60.000 en 2007 y otros 65.000 en 2008. Al final del periodo de aplicación de la norma se habrían creado 262.735 nuevos empleos, sobre todo en residencias y ayudas a domicilio.

Pero la realidad parece otra. Según la Encuesta de Población Activa, en el primer semestre de 2008, existen 20.700 nuevos ocupados en servicios sociales y en residencias. "No se están cumpliendo todas las expectativas de valor añadido en el empleo que debería aportar la ley", reconocen en el ministerio. Y lo achacan a la lentitud en la puesta en práctica de la ley y en la dilación en la formación de los recursos humanos.

El Gobierno tiene previsto aprobar durante el Consejo de Ministros de hoy viernes el reparto de una partida de 241 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para financiar la Ley de Dependencia. Esta partida, acordada en el Consejo Territorial de la Dependencia el pasado 23 de julio, estará destinada a finananciar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia previstos para 2008 y supone un incremento del 9,5 por ciento (21 millones) respecto al año anterior.

Por autonomías, Andalucía percibirá 42,2 millones de euros de esta financiación adicional; Aragón, 9,5 millones; Principado de Asturias (8 millones); Islas Baleares (4,8); Islas Canarias (9,1); Cantabria (3,6); Castilla y León (20,1); Castilla-La Mancha (13,5); Cataluña (39,3); Comunidad Valenciana (25,1).

Por su parte, Extremadura percibirá 77,3 millones de euros; Galicia (20,9); Comunidad de Madrid (27,5); y Región de Murcia (6,8); La Rioja (2). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán 285.988 y 260.266 euros, respectivamente.

La usuaria acabó con la silla de ruedas rota tras una odisea para ir de Sabadell a Blanes. La mujer acusa a Renfe de venderle un billete para un convoy al que no podía subir

Doble discriminación. Isabel Garrido sufrió el pasado 15 de septiembre el castigo de ser por un día usuaria de Cercanías y, además, de intentar viajar en silla de ruedas. Una combinación explosiva que la obligó a vivir una auténtica odisea para ir de Sabadell a Blanes, y que acabó con su silla de ruedas rota y una denuncia contra Renfe en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell.

Garrido, una pensionista de 62 años aquejada de gran invalidez, reside en esa ciudad del Vallès Occidental y acostumbra a desplazarse a Barcelona para ver a su hija en los Ferrocarrils de la Generalitat. Confiada por el hecho de que todos los convoyes y estaciones de este operador están adaptados, se dirigió a la estación de Sabadell Sur para viajar a Blanes de la única forma posible en tren, es decir, con el servicio de Cercanías de Renfe, y fue a la taquilla a comprar el billete. "No había viajado nunca en silla de ruedas con esta compañía, pero ellos sí sabían que tienen trenes que no están adaptados, lo que no les impidió venderme el tíquet", critica.

Según su opinión, la compañía ferroviaria incurrió en un "grave delito contra la seguridad y la integridad física de una de sus usuarios". "Deberían haberme avisado o directamente no venderme el billete, pero me engañaron", añade. Una acusación que fundamenta, para empezar, en los problemas que tuvo para llegar hasta el andén. "Validé el tíquet en las puertas de acceso para minusválidos, indicadas con un adhesivo, pero el ascensor para bajar a la plataforma estaba averiado. Otra irregularidad de la que tampoco fui apercibida previamente por nadie", recuerda.

200 Kilos de peso en total
"Tuve que usar el elevador del sentido contrario y cruzar las vías por encima de una tarima de madera, con el riesgo de que me atropellase un tren si me quedaba atascada", asegura Garrido. Ante esta situación, pidió ayuda al personal de la estación, pero al final tuvo que valerse por sí sola.

"Tengo una silla eléctrica, pero mi movilidad está muy limitada debido a mi peso, 130 kilos, a los que se han de unir los 70 kilos de la silla", dice. Ello complicó aún más las cosas cuando se encontró con un tren sin rampa de acceso para discapacitados, lo que le impedía subir. "Me tuvieron que levantar entre cuatro personas que me ayudaron de forma solidaria, lo que no evitó que la silla, valorada en 4.200 euros, sufriera importantes golpes y desperfectos ante la dificultad de la operación, que tuvimos que repetir más tarde al bajar para cambiar de tren".

Fuentes de Renfe confirmaron a este diario que el modelo en el que viajó Garrido, el 447, no está adaptado, pese a que están "ultimando" la convocatoria de un concurso para hacerlo accesible. También recordaron que los nuevos modelos Civia que dan servicio en Cercanías de Catalunya (35) sí cumplen con esa premisa. Sobre los problemas de la estación se excusaron, de nuevo, en el hecho de que el mantenimiento y la mejora de las instalaciones no es de su competencia, sino del gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif.
denuncia ante el Síndic. "Hace muchos años que los discapacitados viajamos en tren y no es lógico que a estas alturas sigan circulando convoyes a los que no podemos subir", denunció esta afectada, quien también presentó una reclamación ante el Síndic de Greuges de Sabadell.

El fabricante de espirituosos Beam Global va a invertir más de 70.000 euros en un programa de formación en hostelería para discapacitados psíquicos con el objetivo de lograr su integración social y laboral. Como parte del programa, la compañía ha creado el primer Beam Global Café.

Sus bebidas son alcohólicas y aquí no las van a poder vender, aquí no van a estar sus productos", destacaba uno de los responsables de la Fundación Juan XXIII al valorar la iniciativa de Beam Global. El fabricante de bebidas espirituosas ha decidido colaborar con esta institución y poner en marcha un proyecto de integración laboral de personas con discapacidad intelectual.

El propietario de marcas como la ginebra Larios o el whisky DYC va a invertir más de 70.000 euros en una iniciativa que engloba un curso de formación en hostelería para los miembros de la Fundación y la creación de una cafetería donde, bajo la enseña Beam Global Café, los alumnos del curso podrán desarrollar su labor profesional. "Ya estábamos pensando en un punto de integración social y la restauración es una parte esencial de nuestro negocio, hemos unido las dos cosas", aseguraba Jancine Davies, responsable de Asuntos Corporativos de Beam Global, durante la presentación del proyecto. "Queremos animar al mundo de la hostelería para que cuente con nuestros alumnos, son un equipo humano excelente", apuntaba. "Sabemos que la integración de estas personas en el mercado laboral es muy complicada y queremos ayudarles a tener un mayor éxito, ofreciendo a los alumnos una cafetería de verdad, donde pueden realizar las funciones reales de un camarero, o puedan estar detrás de un mostrador elaborando y ofreciendo productos de consumo", destacaba Davies. La iniciativa "empezó como un pequeño taller de sándwiches y ensaladas, pero fue creciendo hasta convertirse en un proyecto con siete módulos", explicaba Juan María Prieto, uno de los profesores que imparten el curso de hostelería. "Es una idea pionera, nunca se había creado una cafetería específica", destacaba. "Lo que pretendemos es crear la primera escuela de hostelería y homologarla con la Comunidad de Madrid para que los alumnos puedan ir a cualquier tipo de establecimiento", explicaba Prieto. Cada curso tiene una duración de 300 horas (100 teóricas y 200 prácticas) divididas en módulos de elaboración, conservación, refrigeración y mantenimiento de productos, prevención de riesgos, venta y atención al cliente. Todos los módulos se imparten por técnicos superiores en restauración, preparadores laborales, psicólogos y pedagogos. "Nuestro proyecto está financiado con recursos que proceden de la Comunidad de Madrid pero también de empresas a las que les gusta nuestro programa, como ha sido el caso de Beam Global", aseguraba Javier Arroyo, director general de la Fundación Juan XXIII. "Sin su financiación no lo podríamos hacer", señalaba Arroyo.

Educación y prevención en el consumo de alcohol.
Beam Global destina alrededor de 650.000 millones de euros a programas de educación y prevención de consumo de alcohol. La multinacional forma parte, por ejemplo, de la Fundación Alcohol y Sociedad, cuyo objetivo es buscar soluciones al abuso de las bebidas alcohólicas y poner en marcha campañas de prevención, como el programa de formación de profesionales del sector, Tú sirves, tú decides. En cuanto al medio ambiente, Beam Global ha puesto en marcha -a través de su marca DYC- un sistema de cogeneración alimentado con gas natural. Su objetivo es mejorar sus costes de producción, obtener ahorro energético y lograr un buen aprovechamiento térmico. El sistema, instalado en la fábrica de Segovia, reducirá el impacto energético entre un 30% y un 50%.

La mujer, en ocasiones, debe dejar su trabajo para cuidar a un familiar

Un total de 5.300.000 mujeres se dedican en España al cuidado de niños y mayores dependientes. Todas ellas lo hacen de manera altruista, mientras que tan sólo 200.000 mujeres lo hacen de manera profesional y remunerada.

Son datos que ayer presentó el Instituto de la Mujer, que demostró cómo el cuidado a las personas dependientes sigue teniendo una alta feminización, lo cual tiene «un elevado coste para la vida de la mujer, que en ocasiones debe abandonar su puesto de trabajo para cuidar a algún familiar dependiente» sin obtener una remuneración económica ni darse de alta en la Seguridad Social, comentó la directora General del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris.

Las más de cinco millones de mujeres que desempeñan esta labor de manera gratuita aportarían al PIB un 4,62 por ciento y supondrían un 9,05 por ciento del total de empleo, es decir, 1.800.000 puestos de trabajo frente a los 145.000 que ocupan ahora las profesionales que se dedican a estos servicios.

Siete de cada diez personas reconocidas todavía no ha recibido la ayuda que marca la Ley 

Marina Martínez es una joven de Badalona que tiene 14 años y un retraso mental diagnosticado desde que tenía dos. «A primera vista, parece una chica como cualquier otra porque su retraso no es visible físicamente», cuenta su padre, Juan José Martínez. La entrada de Marina en la vida de él y su esposa no ha sido un camino fácil. Tras detectarle el retraso, la joven ha pasado por varias escuelas, pero en ninguna se adaptaba.

Primero estudió en una ordinaria, después la compaginó con una de educación especial, para después llegar a una pública inclusiva hasta que, por fin, y tras escuchar adjetivos como «problemática o inquieta» en los anteriores centros, Marina aterrizó en un colegio concertado de Educación Especial en 2004. «Para entonces mi mujer ya llevaba cuatro años sin trabajar para atenderla y la nueva escuela nos supuso un gasto extra de 400 euros mensuales», cuenta Juan José.

Esta cifra es la que, aproximadamente, la Ley destinará a la joven. Tras emitir la solicitud en junio 2007, el Govern estableció que Marina se encuentra entre los grandes dependientes -nivel 3 grado 1-. El pasado mayo se le ajudicó un Plan Individualizado de Atención (PIA), plan que una asitente social estudia y último paso antes de recibir la ayuda. Falta poco para cumplirse el plazo de tres meses de espera máxima prometida por el Govern y la prestación todavía no ha llegado al hogar de los Martínez.

A Juan José parece no sorprenderle que, como a su familia, otras 12.658 personas no hayan recibido la auda tras asignarle un PIA y que, además, 37.779 catalanes (40 por ciento de las solicitudes) sigan a la espera de ser valorados en el baremo de grados y ayudas, como denunció ayer UGT. «Es una cuestión de dejadez administrativa, si todo hubiese salido bien, debería haber empezado a cobrar en diciembre», cuenta.

Hace apenas dos meses, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, prometió que a partir de este verano se cumplirían estrictamente los plazos y se alcanzaría «la plena normalidad» en la Ley, unos objetivos que el sindicato no ve compatibles por la «falta de personal y financiación». La agrupación denunció la administración está «desbordada». La secretaria de Políticas de Mujer e Igualdad de UGT, Raquel Gil, destacó que la falta de presupuesto ha derivado en que la mayoría de prestaciones, el 88,3%, sean económicas y sólo el 11,7 lo sean en forma de servicios , como la teleasistencia o plazas en residencias.