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Núm 16. Octubre de 2007
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EDITORIAL
La realidad social y la LeyAcceder al contenido
ARTÍCULO

Programa de formación para la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual a través del ejercicio del derecho a la educación universitaria.

INNOVACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Domótica y discapacidad: Guía de Usuario . www.discapnet.es.
 
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Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales en España - FIPSE en 2.003)

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NOTICIAS
El Congreso ratifica la adhesión de España a la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidadAcceder al contenido
El Comité Español de Discapacitados solicita una ley que regule el tercer sector de la discapacidad en las autonomías Acceder al contenido
La comunicación táctil en las sedes de 27 grandes empresas españolas es deficiente, según un estudio sobre accesibilidad Acceder al contenido
Las 'tecnologías sociales' favorecen a colectivos dependientes y a cuidadores Acceder al contenido
En Madrid, el 90 por ciento de las estaciones de Cercanías no son plenamente accesibles Acceder al contenido
Fundación Estudiantes inaugura la primera escuela de baloncesto para discapacitados Acceder al contenido

 
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2007 Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todas las Personas
 
 
 
EDITORIAL


La realidad social y la Ley

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente, por unanimidad, ratificar la adhesión e España a la Convención internacional de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Este hecho supone el compromiso de España de elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

No deja de ser llamativo que, justo cuando se cumplen veinticinco años de la promulgación de la Ley de Inserción Social del Minusválido (LISMI), una nueva normativa, esta vez de rango internacional, venga a llenar las páginas de los periódicos, los informativos televisivos y los debates sobre integración. 

Si nos guiáramos únicamente por las noticias y por la opinión publicada, podríamos pensar que estamos en el mejor de los mundos posibles: Se avanza en la curación de las enfermedades, las personas dependientes tienen cubiertas todas sus necesidades, la igualdad de oportunidades profesionales para la mujer está plenamente garantizada y, finalmente, el acceso a una vivienda digna es un derecho reconocido.

En nuestro caso, podríamos decir que hace veinticinco años que el acceso y la plena incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ordinario, incluidas las administraciones públicas, son una realidad y que las empresas asumen, con toda naturalidad, la igualdad de oportunidades para todos  en, además, en el año Europeo dedicado a este objetivo.

Ya hemos comentado, en otras ocasiones, que coincidimos con la opinión general de que la LISMI constituyó un hito y un precedente europeo a la hora de diseñar un cuadro de derechos y unos ámbitos de actuación. Recordemos también que, años después de la publicación de la LISMI, se consideró necesario arbitrar soluciones para excepcionar a las empresas que “no podían” contratar a trabajadores con discapacidad. Y éste ha acabado siendo un recurso demasiado accesible que ha caminado en sentido contrario a la normalización que se perseguía.

Por desgracia, también hemos comentado en más ocasiones que trasladar esos derechos del papel a la realidad y, en concreto, a la realidad del mercado de trabajo, está resultando muy difícil.  No en vano, buena parte de las empresas siguen sin tener ese mínimo del dos por ciento de sus plantillas ocupadas por personas con discapacidad pese al 26% de desempleo entre el colectivo social afectado. Las organizaciones siguen demandando ayuda, orientación, una itermediación eficaz y... encontrar las personas que encajen con los perfiles.

Coincidiendo con la ratificación de la Convención Internacional, el Gobierno español ha proclamado su compromiso solemne de hacer de la integración laboral de las personas con discapacidad una “prioridad absoluta” y la oposición ha apoyado este compromiso anunciando una actitud vigilante.

Todos celebramos esta implicación de las administraciones y de los legisladores; pero ahora es necesario adoptar medidas concretas, revisar las normativas y tomar el pulso a una realidad social que no acaba de coincidir con el horizonte dibujado hace veinticinco años.

 
 
 
 
El Congreso ratifica la adhesión de España a la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad  


España deberá eliminar las barreras de accesibilidad en su entorno, transportes y servicios públicos

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la adhesión de España a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo, que entre otros aspectos supone el reconocimiento de la igualdad ante la Ley, prohibir la discriminación basada en las discapacidades y su protección normativa.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en valorar la importancia de esta convención, que coincide con el 25 aniversario de la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

Los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.

De esta manera, se pretende combatir los estereotipos y prejuicios, promover la conciencia de las capacidades de estas personas, haciendo especial hincapié en la igualdad de las mujeres y las niñas que padecen discapacidad.

Igualmente, los menores con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no serán separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen que ello es en el interés superior del niño.

En la misma línea, los países deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar los asuntos financieros, tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas, así como el acceso a la justicia.

Los países también están obligados a proteger su integridad física y mental, garantizar que dichas personas no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, y prohibir los experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la persona interesada.

Las leyes y medidas administrativas deberán garantizar el derecho a no ser explotado o sometido a violencia o abusos. En caso de abuso, los países deben promover la recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la reintegración de la víctima e investigar el abuso. Las personas con discapacidad tampoco deberán ser objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada y deberá protegerse la confidencialidad de su información personal y en materia de salud.

Accesibilidad y eliminación de obstáculos
En cuanto a la cuestión de la accesibilidad, la convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad.

Con objeto de asegurar la aplicación y la vigilancia de la convención, los países deben designar un centro de coordinación local en el gobierno y crear un mecanismo nacional con ese fin.

En este contexto, un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesto de expertos independientes, recibirá informes periódicos de los Estados Partes sobre las medidas que estos hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la convención.

Fuente: Europa Press
 
 
El Comité Español de Discapacitados solicita una ley que regule el tercer sector de la discapacidad en las autonomías  


El Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) pidió, en el marco del Encuentro anual que mantiene con sus comités regionales, la creación de una ley que regule el tercer sector de la discapacidad desde el ámbito autonómico, en la que se defina el tercer sector, el sector de la discapacidad, la tipología de entidades, la financiación, las medidas de apoyo y se cree un registro de entidades acreditadas, entre otras medidas.

Según informó el comité en un comunicado, su asesor jurídico, Miguel Ángel Cabra de Luna, ha justificado que la ley sea autonómica y no nacional porque "lo local está más cerca de la discapacidad", así como que "las actividades claves del CERMI están ancladas en el ámbito autonómico: la educación, la salud, en parte el empleo y, sobre todo la accesibilidad". Cabra de Luna ha alegado que "ya existe un mínimo nacional, ahora debe desarrollarse para las autonomías, intentando evitar las desigualdades territoriales".

El asesor jurídico del CERMI ha señalado la importancia de que esa ley contemple el diálogo civil y apuntó la necesidad de dotar de mayor participación a los implicados. "La ley de apoyo que estamos promoviendo debe tener en cuenta a todos los órganos de participación del sector", aseguró, tras recordar que la Ley de Integración, No discriminación y Accesibilidad Universal pide dar más participación a los implicados.

Respecto a la financiación, Cabra de Luna aseguró que no se deben destinar sólo fondos públicos, sino que es necesario "promover la obligación de establecer en los presupuestos públicos de los grandes entes dotaciones para el sector, pero también aprovechar las acciones de responsabilidad social de las empresas y favorecer la contratación de organismos como los Centros Especiales de Empleo".

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de los discapacitados españoles, y aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades que representan en su conjunto a los tres millones y medio de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo

Fuente: Europa Press

 
 
La comunicación táctil en las sedes de 27 grandes empresas españolas es deficiente, según un estudio sobre accesibilidad  


La comunicación táctil en las sedes de 27 grandes empresas españolas es "deficiente", así como los elementos visuales y auditivos para las personas que padecen alguna discapacidad cognitiva o sensorial.

Así se desprende de un estudio piloto de la Fundación Konecta basado en las visitas realizadas a 30 sedes de trabajo, 28 de ellas situadas en Madrid, una en Barcelona y otra en Palencia, entre abril y junio de este año para evaluar la accesibilidad del entorno laboral. La Fundación ONCE, la Fundación Empresa y Sociedad, y la consultora Vía Libre también colaboran en la iniciativa.

En total se analizaron 18 entornos diferenciados, que abarcan los trayectos que realizan los trabajadores o las zonas donde se desarrolla la actividad laboral cotidiana (desde el garaje y el acceso al edificio hasta los lavabos).

Para elaborar las conclusiones se tuvieron en cuenta los criterios de accesibilidad universal DALCO: Deambulación (Pavimento, espacio de maniobra, zonas de circulación, cambios de plano), Aprehensión (alcance, accionamiento, agarre y transporte), Localización (iluminación, orientación, señalización) y Comunicación (visual, acústica, táctil u otros medios).

Además, en base a este estudio, la fundación ha editado una guía de buenas prácticas que recoge de forma concreta las condiciones que deben tenerse en cuenta en el diseño de las distintas áreas de trabajo.

Alcance de puertas, grifos e interruptores
En relación a los criterios relacionados con la legislación tradicional, como el pavimento, la iluminación, los espacios de maniobra y las zonas de circulación periféricas, el director técnico de Vía Libre, Carlos Galán, dijo que la mayoría de las empresas participantes responde de "forma positiva" a estos requisitos, que además son "fácilmente subsanables".

No ocurre lo mismo con los aspectos relacionados con la comunicación visual, que es adecuada "sólo" en un 13 por ciento de las sedes auditadas y "deficiente" la comunicación táctil de todas ellas. En este sentido, el director técnico de Vía Libre aclaró que la realización de los diseños de la mayoría de las empresas "no han tenido en cuenta las limitaciones de la capacidades cognitivas o sensoriales humanas".

Tampoco cumplen de forma mayoritaria con el requisito de 'Aprehensión' de la normativa DALCO, que se refiere, según explicó Galán, a los elementos de alcance, como interruptores situados en "alturas inadecuadas"; grifería "inaccesible" en lavabos; o puertas "difíciles de maniobrar", entre otros aspectos.

Accenture, Aguirre Newman, Bankinter, Barclays, Caja Navarra, Citi, DKV Seguros, Ericsson, Ford España, Fremap, Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, Grupo Fundosa, Grupo Konecta, Grupo Lar, Grupo Sifu, Grupo Siro, Iberdrola, Ibermutuamur, Indra, Manpower España, Mapfre, Microsoft Ibérica, MRW, Repsol YPF, Sanitas, Unión Fenosa y Vodafone España son las empresas participantes en el estudio.

Aguirre: el empleo, garantía de integración
La presentación oficial del estudio, celebrada en el Auditorio de la ONCE, contó con la presencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien dijo que el fin de la Fundación Konecta en favor de los discapacitados es "enteramente compartido" por su Gobierno, pues "no hay mejor forma de integración social, económica y cultural" que poder acceder a un empleo.

Así, apuntó al reto de "lograr que la discapacidad inspire medidas de igualdad" y dijo que la región que preside quiere ser "un lugar integrador, abierto y lleno de oportunidades para todos". "Queremos que los principios de igualdad plena y tolerancia cero hacia cualquier tipo de discriminación imperen en esta comunidad", agregó.

Aguirre consideró además que el momento elegido para hacer público este informe es "acertadísimo" por coincidir con el 25 aniversario de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) y con el Año Europeo de Igualdad de Oportunidades.

ONCE: ni barreras arquitectónicas ni mentales
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, agradeció la colaboración de las 27 empresas que han abierto las puertas de sus sedes para contribuir a que los discapacitados "puedan desenvolverse como una persona normal". A su entender, este gesto es "simbólico de la fuerza que la sociedad civil tiene para, más allá de las leyes y las normas", hacer un mundo "más justo".

Durán también incidió en que los discapacitados "quieren participar en un mundo mejor" y, para ello, necesitan que no existan barreras, ni arquitectónicas ni mentales, que "son -advirtió- las primeras".

Fuente: Europa Press
 
Las 'tecnologías sociales' favorecen a colectivos dependientes y a cuidadores  


La expansión de muchas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), sobre todo las conocidas como "tecnologías sociales" como el teléfono móvil, internet o los ordenadores portátiles, ha favorecido a muchos colectivos de personas dependientes y a sus cuidadores.

Así se pone de relieve en el estudio "TIC y Dependencia. Estudio de opinión", un informe que han elaborado expertos de la entidad pública Red.es y de la Fundación Vodafone España que se presentó en Madrid en un acto presidido por el ministro de Industria, Joan Clos.
 
El informe revela que el colectivo de sordos es por ejemplo el que más utiliza el teléfono móvil (el 98,4 por ciento de ellos lo tiene) o internet (el 69,8 por ciento de los sordos).

El estudio subraya además las diferentes necesidades de cada uno de los colectivos con discapacidad, y si éstas se centran dentro o fuera del hogar, si son necesidades para comunicarse o relacionarse, si son necesidades derivadas de sus limitaciones físicas y motoras, o si esa necesidad de centra en controlar el estado físico y anímico de una persona.

Las dos tecnologías más extendidas entre las personas con algún tipo de dependencia destacan la telefonía móvil e internet; tras los sordos, el colectivo de dependientes que más las utiliza son los que tienen limitaciones físicas o motoras (el 89,4 por ciento usa el teléfono móvil y el 66,8 accede a internet).

Tras ellos, las personas ciegas usan mayoritariamente el teléfono móvil (el 91,6 por ciento) y en menor medida internet (el 46,2 por ciento), y el último lugar lo ocupan el colectivo de personas mayores, ya que según este estudio sólo el 24,7 por ciento utiliza el teléfono móvil y el 19 por ciento internet.

Los responsables y patrocinadores del estudio subrayaron durante el acto de presentación la importancia de potenciar las nuevas tecnologías como herramientas básicas para la integración social y laboral de los colectivos dependientes.

Entre las tecnologías de la información y de la comunicación y dispositivos que pueden ayudar a los dependientes, el informe cita en primer lugar Internet y el teléfono móvil, y a continuación otras como las redes inalámbricas, los ordenadores portátiles, las agendas electrónicas o la robótica para manipulación.

Uno de los servicios que, según los autores del informe, los colectivos de dependientes y sus familias se debería generalizar, es el de teleasistencia y ayuda a domicilio.

La inmensa mayoría de las personas dependientes que han participado en el estudio han manifestado que desean participar lo máximo posible en actividades habituales de la vida normalizada y buscan esa integración activa a través de los medios que tienen a su alcance.
Los colectivos de dependientes consideran que los medios tecnológicos serán fundamentales para superar sus limitaciones, según el estudio, que pone de relieve que el uso de las modernas tecnologías está más arraigado entre aquellos colectivos cuya vida ha cambiado hasta prácticamente normalizarse gracias a las nuevas tecnologías, como las personas sordas.
En este sentido, el Ministerio de Industria tiene una línea de actuación, el Plan "Avanza Ciudadanía" específica para integrar a todos los ciudadanos en la sociedad de la información, dotado con 376 millones de euros en 2007.

Fuente: Efe
 
 
En Madrid, el 90 por ciento de las estaciones de Cercanías no son plenamente accesibles
 


De 96, sólo 10 permiten que una persona en silla de ruedas acceda a ellas y al tren sin ayuda _ Una ley de 2003 establecía un plazo de entre 15 y 17 años para adaptar el transporte público

Para miles de personas coger a diario un Cercanías es casi imposible en Madrid. Al menos, no pueden hacerlo, sin ayuda, en el 90 por ciento de las estaciones de la red. De las 96 paradas existentes, sólo en 10 las instalaciones son accesibles para personas que necesitan una silla de ruedas y, además, los trenes que circulan por ellas tienen una puerta que les permite acceder, sin ayuda, al interior del tren. Esta situación persiste a pesar de haber transcurrido la cuarta parte del plazo que la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Liondau) estableció para adoptar condiciones básicas de accesibilidad a los medios de transporte. La norma fijó un periodo de entre 15 y 17 años del que ya han pasado casi cuatro.

Tren a nivel, andén sin ascensor
En la Comunidad de Madrid, 51 estaciones de Cercanías son accesibles, pero sólo en las líneas C-4 (Atocha-Parla) y C-3 (Atocha-Aranjuez) circulan trenes Civia, los únicos que disponen de un vagón con puertas a nivel de andén para que las personas en silla de ruedas puedan acceder a ellos sin necesidad de ayuda. Pero, en la línea C-3, cinco de las diez estaciones no son accesibles en silla de ruedas. Entre estas paradas se encuentran las de municipios tan poblados como Pinto o Ciempozuelos. Sus apeaderos carecen de ascensores y rampas que permitan el acceso al andén con dirección Atocha. La distancia que separa el suelo del vagón del andén ha condicionado la vida de Blanca Díaz, una joven a la que una anoxia sufrida a los 25 días de nacer le dejó atada a una silla de ruedas. «Tienes una sensación de impotencia, de que por unos malditos quince centímetros no puedes subir», cuenta. Blanca estudia un doctorado, por lo que se tiene que desplazar de Villalba, donde vive, a Ciudad Universitaria a diario. Pero, aunque dispone de una silla eléctrica que le permite moverse autónomamente, no puede hacerlo en tren. Su estación es una de las 38 que están adaptadas, pero en las que es imposible acceder a los vagones sin ayuda.

Avisar un día antes
En la parada de Villalba, la solución que ofrecen es que avise el día anterior para llamar al centro de seguridad y que vigilantes de esa área de Cercanías puedan acudir a la estación y subirla o bajarla del vagón en volandas. Antes, aseguran en la estación, el personal de la parada se encargaba de esto, pero los recortes de plantilla han hecho que ahora no puedan asumir esta función, porque, en muchas ocasiones, sólo hay una persona, que no puede abandonar la taquilla. Además, asegura el factor de la estación, hay horas en las que los vigilantes no están. Y la silla de Blanca pesa, con ella, unos cien kilos, por lo que serían necesarias varias personas para subirla. «Y no es lo mismo levantar a un tetrapléjico que a mí», sentencia. Una silla de ruedas puede pesar hasta 140 kilos, sin contar con el peso de su usuario.

Su padre reclama: «Coger el tren debería ser una cosa habitual». Para ir a Madrid, Blanca tiene que pagar a una persona para que le lleve todos los días en coche, lo que le supone un coste de casi 300 euros al mes. Y eso que un proyecto de la Consejería de Asuntos Sociales, la oficina de vida independiente, sufraga el salario de su asistente personal. El abono mensual de Cercanías para su zona cuesta 60,25 euros.

Estudios «carísimos» por el tren
De la falta de un transporte accesible también dependió el lugar donde estudió. La aceptaron en la universidad pública de Aranjuez, pero la imposibilidad de trasladarse autónomamente hasta allí le obligó a pagar una universidad privada. Fue «carísima», afirma su padre, Juan Manuel. Sin embargo, afirma Blanca, más caro habría sido garantizarse el transporte diario hasta Aranjuez o pagarse una residencia en la localidad y a un asistente que estuviera con ella todos los días. Afirma que se hubiera «arriesgado a intentar estudiar en la universidad pública si hubiera tenido la opción». A pesar de todo, su padre afirma estar satisfecho porque Blanca no ha suspendido nunca. Ahora, su preocupación es otra: «¿Cómo se desplaza ahora a un trabajo? ¿Va a tener que pagar a una persona para ir a trabajar?». Y no sólo para ir a trabajar. «Mis amigos están todos en Madrid. O bien quedo temprano con ellos para que mi asistente no vuelva tarde a casa, o no quedo, o tengo que quedar por la noche con mi padre...», se queja Blanca.

Alejandro Picavea, miembro del foro de vida independiente, asegura que la adaptación del transporte público lleva ya muchos años de retraso. Denuncia que la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), aprobada en 1982, establecía un plazo de 10 años para que todos los transportes fueran accesibles, pero la ley no fue desarrollada por reglamentos. Picavea califica a la Liondau de ley de punto final, porque «indultaba a las administraciones por los incumplimientos legales en materia de transporte». Esta norma establecía un término de dos años para que se publicara la normativa de accesibilidad a los medios de transporte. «Han pasado cuatro años y de momento llevamos casi dos de retraso en la publicación», denuncia. En Renfe afirman que su intención es que en un plazo de entre cinco y siete años todas las estaciones de Renfe sean accesibles.

El problema, afirma Picavea, no es sólo de las personas que necesitan una silla de ruedas, sino también de las personas que necesitan, para desplazarse, uno o dos puntos de apoyo, como bastones o andadores, que tienen dificultades para salvar el desnivel entre el andén y el piso del vagón. Asegura que numerosas personas han tenido lesiones importantes por caer en el hueco de separación entre tren y andén.

Derechos, no caridad
Blanca Díaz reclama que el poder moverse autónomamente en transporte público es un derecho, no una cuestión de caridad. A ellos no se les reconoce, afirma, y eso les hace «depender de la mal llamada caridad. Si yo no fuera caritativa en mi forma de vida, ¿por qué otros tienen que serlo?». Sentencia: «Yo no tengo las mismas opciones que tú por ser discapacitada, pero sí las mismas responsabilidades».

Fuente: ABC
 
Fundación Estudiantes inaugura la primera escuela de baloncesto para discapacitados
 


La evidencia de que la discapacidad no impide tener proyectos y trabajar por hacerlos La Fundación Estudiantes, en colaboración con Cetelem y la Fundación Síndrome de Down de Madrid, inauguró la escuela 'Baloncesto para Todos', la primera para discapacitados intelectuales.

El acto, al que acudieron representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de las tres instituciones creadoras de la escuela, contó con la presencia del padrino de la escuela y el equipo FSDM-Estudiantes-Cetelem, Gonzalo Martínez, jugador de MMT Estudiantes, quien hizo un lanzamiento inaugural a canasta.

'Baloncesto para Todos' es un proyecto pionero en la integración real de niños y adultos con discapacidad intelectual, que se desarrollará semanalmente en los polideportivos madrileños del Canal de Isabel II y el Pabellón Daoiz y Velarde, y estarán distribuidos en cuatro grupos con edades comprendidas de los 9 a los 18 años. Además, dos equipos de esta escuela participarán en torneos de la Liga FEAPS Madrid (Federación de organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual).

Fuente: Europa Press