ONG: Transparencia, eficacia y eficiencia

Los últimos meses hemos asistido a un goteo de noticias que han arrojado dudas acerca de la transparencia de algunas ONG dedicadas a la cooperación internacional y a la asistencia social. Hemos conocido de la existencia de corrupción en entidades que, utilizando fines nobles y sentimientos positivos y responsables de personas y empresas, han defraudado esta confianza con prácticas incompatibles con la ética y con el prestigio que se les atribuía. Simplemente, algunos de sus responsables se han beneficiado personalmente y han causado un daño irreparable a su entidad y, con ello, a sus proyectos y a las ilusiones de muchos colaboradores.

Hay que tener en cuenta que, además del perjuicio causado a las personas que han aceptado colaborar económicamente con los fines de estas entidades bajo sospecha, se puede estar ocasionando una importante quiebra de confianza entre los voluntarios y, lo que es peor, en la confianza de la sociedad en este tipo de organizaciones. Muchos proyectos que llevan ayuda útil allí donde no lo hacen los gobiernos o las organizaciones internacionales pueden resentirse de la desconfianza que se genere como consecuencia de los casos que hemos conocido ahora y de otros similares que han ido apareciendo en los últimos años.

Llegados a este punto, se hace necesario adoptar una actitud que transmita a la sociedad un mensaje claro de confianza, de seguridad y de transparencia y que aleje la más pequeña sombra de duda sobre la utilización de los fondos y sobre la gestión de las organizaciones.

En el campo de las organizaciones que trabajan – que trabajamos – en el ámbito de la discapacidad coexisten fundaciones, asociaciones y centros especiales de empleo. Cada tipo de entidad debe buscar su propia fórmula para ofrecer a sus interlocutores - donantes, voluntarios, trabajadores, patrocinadores, administraciones, socios, etc. – las garantías de que sus recursos son destinados a sus fines correspondientes y la demostración de que se está contribuyendo de forma eficaz (incidiendo sobre el colectivo determinado) y eficiente (con una utilización correcta de los medios) a los objetivos para los que se constituyó la entidad.

En el documento de investigación "Ethical Management Systems for Not-for-Profit Organizations" ("Sistemas de gestión ética para las organizaciones no lucrativas"), el profesor del IESE Antonio Argandoña ha analizado los códigos de conducta, los mecanismos de gestión y las normas que, con carácter voluntario, permiten evaluar el buen gobierno de las ONG, acreditar su transparencia y utilizar estos instrumentos como motor de cambio y de mejora.

El profesor Argandoña parte del principio de que “A diferencia de las empresas, responsables por encima de todo ante sus grupos de interés, de las ONG se espera que respondan no sólo ante sus miembros o fundadores, sino también ante sus benefactores y donantes, voluntarios y personal, clientes (quienes reciben ayuda o servicios), el gobierno del país donde operan y, en última instancia, la sociedad en su conjunto”.

Es cierto que las fundaciones ya tienen un control estricto por parte del protectorado correspondiente, que los centros especiales de empleo son vigilados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y por la Autoridad Laboral y que las asociaciones pueden solicitar auditorias por entidades como la Fundación Lealtad; pero conviene evitar la confusión entre las diversas fórmulas. Ni son lo mismo, ni persiguen los mismos fines, ni todas excluyen el ánimo de lucro. Y las personas con discapacidad, sus familiares, sus clientes y patrocinadores y la sociedad en general tienen pleno derecho a estar informados.

Las empresas, las personas con discapacidad, los trabajadores de las entidades y la sociedad deben poder seguir confiando en nuestras intenciones y en que los recursos que utilizamos son optimizados y gestionados de forma rigurosa, eficaz y eficiente.

Se impone, pues, un cambio de mentalidad entre las entidades y una mayor exigencia en cuanto a la transparencia, el buen gobierno, la captación y la utilización de los medios y en cuanto a los objetivos fijados y los resultados alcanzados. Esta auto-regulación redundará en beneficio de la gestión, de los objetivos y del prestigio social de nuestras entidades.

Por último, las administraciones responsables, quizá superadas por la rápida expansión y la credibilidad lograda por las ONG, deberían actuar de forma rápida e implacable para garantizar la eficacia del marco normativo y los mecanismos de control de unas entidades que contribuyen, en general de forma ejemplar y eficaz, a coadyuvar en los objetivos públicos y que se han convertido en una pieza insustituible de la sociedad del bienestar y de la solidaridad.

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, pidió a la Comisión Europea que tome más medidas para facilitar la integración de los discapacitados y mejorar sus relaciones con la institución, aunque admitió después de una investigación que el Ejecutivo comunitario ya ha realizado "esfuerzos" en este sentido que se han traducido en resultados concretos.

Entre las mejoras que ve necesarias, Diamandouros citó una mayor transparencia en las medidas para promover la contratación de personas discapacitadas. Además, criticó que las medidas tomadas para sensibilizar a los empleados de la Comisión sobre las necesidades de los discapacitados son insuficientes.

También solicitó más ayudas económicas para personas discapacitadas y, finalmente, indicó que la situación de los estudiantes discapacitados de las Escuelas Europeas (escuelas administradas por la UE para la educación de los hijos de los empleados de las instituciones) es inadecuada.

La investigación del Defensor del Pueblo Europeo pone de relieve que ya se han producido avances en las condiciones de contratación y promoción de personas discapacitadas. Además, señala que la información del Ejecutivo comunitario es ahora más accesible, especialmente a través de su página Web. También se menciona que las instalaciones de la Comisión están más adaptadas ahora para las personas con limitaciones físicas.

La investigación del Defensor del Pueblo sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo comunitario para garantizar un trato igualitario de los discapacitados en sus relaciones con la institución comenzó en noviembre de 2003.

En el marco de dicha investigación, Diamandouros consultó a distintas partes implicadas, tales como personas discapacitadas, grupos representantes, otros defensores del pueblo a nivel nacional y regional y ciudadanos.

El Defensor del Pueblo anunció que hará un seguimiento exhaustivo de los esfuerzos de Bruselas para cumplir con su compromiso de mejorar sus políticas en este área, ya que, según Diamandouros, "el éxito en este asunto garantizará que la voz de las personas con discapacidades sea escuchada por las instituciones europeas".

Fuente: Europa Press

Suspenso en integración laboral. Dos de cada tres empresas españolas no cumplen la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI), según datos ofrecidos por el Grupo Sifu, un centro especial de empleo.

La normativa establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores, están obligadas a reservar el 2% de las plazas para personas con discapacidad.

A pesar de que los datos se alejan mucho de conseguir la aplicación total de la ley, el incremento de contratación con respecto a 2005 es de un 10,6%, dato que el presidente de Sifu, Albert Campabadal, consideró 'muy positivo'.

Otra cifra relevante del estudio (realizado durante el último trimestre de 2006 sobre una muestra de 400 empresas de más de 50 trabajadores) es que el 44% de las empresas públicas sigue incumpliendo la ley.

Por comunidades autónomas, Aragón es dónde más se cumple con esta normativa, ya que un 62,5% de los empresarios consultados asegura hacerlo. También por encima de la media española se sitúan Cantabria (60%) y País Vasco (45%). En la parte baja de la tabla se sitúan la Comunidad Valenciana con el 11,5%, Andalucía con un 10% y las Canarias con el 9%.

En materia de adaptación, el estudio ha detectado que 6 de cada 10 centros de trabajo no están preparados para personas con discapacidad. Madrid es la comunidad que más se preocupa por adecuar sus oficinas y son las empresas de más de 1.000 empleados las que tienen centros de trabajo (un 65%) mejor preparados.

Preguntados por los motivos que les llevan a no contratar a personas con discapacidad, los empresarios contestaron que consideran que no cumplen el perfil necesario y o no disponen de suficiente información, al tiempo que pidieron a la administración más ayudas económicas.

Fuente: Cinco Días

Los teléfonos móviles han entrado de lleno en la vida de los discapacitados. Nueve de cada diez en España lo utilizan. Y más de la mitad son usuarios desde hace más de cinco años. Tienen móvil porque, sobre todo, les da seguridad (43 %); después, por el hecho de facilitar la comunicación (28 %) y por motivos laborales (18 %), de acuerdo con las conclusiones de un estudio elaborado por la Universidad de Deusto para Telefónica.

El informe fue presentado por el director de Reputación, Marca y Responsabilidad Social Corporativa de Telefónica, Alberto Andreu; el director de la Cátedra Telefónica Movistar de la Universidad de Deusto, José Luis del Val, y la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce.  

El Gobierno prepara un proyecto de Real Decreto que promoverá la «accesibilidad total» y la oferta de terminales adaptados a los discapacitados, apuntó Valcarce. «El Ministerio de Asuntos Sociales es consciente de que el acceso a las nuevas tecnologías es importante para la integración en la sociedad y salvar la brecha digital».

Buscan la autonomía
Autonomía, comodidad para comunicarse y saberse localizados son los aspectos más positivos de esta tecnología para los discapacitados encuestados, que son 1.518 con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, y de los cuales un 45 % son mujeres y el resto hombres. El 30 % son discapacitados intelectuales, el 28 % de movilidad reducida, el 24 % auditivos y el 17 % visuales. En función de ello, utilizan más o menos unos u otros servicios. Por ejemplo, la videollamada ha abierto la telefonía móvil a las personas con problemas auditivos.

La penetración del móvil entre estas personas es del 95 % -la media nacional es de algo más del cien por cien- excepto para los discapacitados intelectuales (74 %). Pero ¿por qué un pequeñísimo porcentaje todavía no es usuario de móvil? Pues, según sus respuestas, porque es difícil de manejar (31 %), no lo necesitan (26 %) y todavía no lo han comprado (21 %).

Pese a que el móvil es para los discapacitados una herramienta muy útil e integradora, todavía queda mucho por hacer. Su mayores quejas se refieren al aspecto económico del terminal y los servicios: en función de la discapacidad, necesitan los móviles más avanzados, los de última generación. Otra barrera es la dificultad par entender el uso del móvil y los textos de las instrucciones.

Más y mejor informados
El informe considera algunas mejoras. Por ejemplo, un formato más visual de los manuales; que los dependientes en las tiendas tengan muchos conocimientos para que sepan informar en función de la discapacidad del usuario; desarrollar instrumentos y servicios para evitar interferencias con audífonos...

En la web de la operadora se encuentra información sobre telefonía móvil para discapacitados y personas mayores: distintos modelos de terminales, servicios de Movistar Accesible, consejos, preguntas más frecuentes, vídeos explicativos de los servicios en Lengua de Signos, acuerdos con asociaciones y otros datos útiles.

Fuente: ABC

Gerardo Crespo, presidente de la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED) reclama que los autónomos discapacitados deben poder aplicarse la misma cuota de bonificación para la Seguridad Social que la que puede aplicarse cualquier empleador al contratar un trabajador discapacitado.

Según Crespo, “carece de sentido que un trabajador autónomo discapacitado que actúe como empleador pueda contratar a trabajadores con discapacidad a los que podrá aplicar las bonificaciones previstas y sin embargo no pueda aplicárselas a él mismo, aún siendo trabajador discapacitado”, explicó en una jornadas dedicadas a la discriminación que sufren los discapacitados generadores de empleo.

Además, de cara a la jubilación, a un autónomo discapacitado cuatro años cotizados “deberían de contarle como cinco”, defendió el presidente de AED, igual que a un trabajador discapacitado por cuenta ajena.

Sólo el 0,20 % de los contratos que se generan mensualmente en España son de discapacitados, cuando los discapacitados son un 15 % de la población. Se calcula que en España hay unos ochocientos mil discapacitados en edad laboral que se encuentran inactivos.

Según la asociación, “dos de cada tres empresas incumplen la Lismi, o la Ley de Integración Social de los Minusválidos”, que obliga a las empresas con más de cincuenta trabajadores a contratar al menos a un dos por ciento de personas con discapacidad.

También las compañías de seguros no hacen pólizas ni de salud ni de baja profesional a los discapacitados autónomos. Gerardo Crespo cree que la Administración debería resolver estas injusticias que sufren los autónomos discapacitados, que además de generar su propio puesto de trabajo, generan empleo y riqueza, al contratar a otras personas.

Fuente: ABC