Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Este mes se han conocido los datos que, en materia de inspecciones, actuaciones y sanciones a las empresas, ha facilitado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Hace algunos meses ya tratamos desde estas páginas sobre dos hechos que presagiaban una mayor presión sobre las empresas para lograr un mayor grado de cumplimiento de la LISMI en cuanto a la cuota de reserva del 2% de las plantillas: Por un lado, los acuerdos fruto del Dialogo Social entre Organizaciones Empresariales y Sindicales y el Gobierno y, por otro lado, la decisión de los sindicatos de incluir la verificación del cumplimiento general de la LISMI (cuota de reserva, adaptación de puestos de trabajo, política de integración, no-discriminación, etc.) dentro de las plataformas de negociación de los Convenios a negociar en 2007.

Pues bien, los acuerdos de la Mesa para el Diálogo Social, que vieron su trasposición normativa en la reciente –y limitada– Reforma Laboral, ya ofrecen unos primeros resultados que son claramente indicativos de la nueva dinámica que impera en este asunto: El número de inspecciones sobre el cumplimiento de la LISMI pasaron de 1.305 en 2005 a 4.347 en el año 2006, lo que supone un 233% de aumento. Como consecuencia de esta actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se han impuesto en 2006 963 multas frente a las 244 de 2005 (un 295% de incremento) y las sanciones se han elevado hasta los 689.588 euros contra los 260.660 euros de 2005. Y, por otra parte, los datos de actividad en 2007 indican que continúa esta progresión.

Como saben los directivos y gestores de empresa que colaboran habitualmente con UNOMAS, nosotros no solemos poner el acento en este aspecto coercitivo o sancionador; las empresas que han decidido apostar por políticas inclusivas – como refiere con mucho acierto el artículo que en esta edición de mayo publicamos del señor Francesc Castellana, auténtico experto en la materia – están decididas a que el cumplimiento de la Ley no sea el principal objetivo de sus estrategias: éstas son más ambiciosas y se dirigen a metas que conectan con la responsabilidad social, la generación de un buen clima laboral o con los valores de las organizaciones.

Pero no está de más que las Administraciones recuerden que las leyes están para ser cumplidas y que los que no lo hacen están compitiendo deslealmente con las empresas que se esfuerzan en hacerlo.

El Congreso de los Diputados celebró el 25 aniversario de la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), con la apertura de unas jornadas en las que distintos expertos en la materia repasaron las políticas realizadas en este ámbito durante los últimos años y los retos de futuro.

El acto contó con la participación de distintos colectivos integrados en el Comité Estatal de Representantes de personas con discapacidad (CERMI).

Diputados y representantes de organizaciones sociales abordaron distintos aspectos de la discapacidad en el marco de esta Ley. La LISMI puso las bases para el desarrollo de políticas de empleo, educación, accesibilidad e integración social de este colectivo.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, destacó que esta norma supuso "una antes y un después" en las políticas dirigidas a los discapacitados. La ley, apuntó, reconoció por primera vez un sistema de prestaciones económicas y servicios para un colectivo que con anterioridad a la Ley tan sólo contaba con la protección de la beneficencia.

Los criterios de esta norma sirvieron de modelo para la redacción de las grandes leyes de Sanidad, Educación y Empleo, la Ley de Igualdad y no Discriminación (2003) y la recién aprobada Ley de Promoción Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

"Hemos profundizado en el reconocimiento de los derechos y ahora tenemos que avanzar en las garantías para el reconocimiento de las prestaciones y servicios", destacó la secretaria de Estado en relación con el desarrollo de la Ley de Dependencia.

Además, recordó que el Parlamento llevará a cabo, próximamente, la tramitación de los Proyecto de Ley por la que se reconoce y regula la lengua de signos española, así como los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

También está pendiente de tramitación en esta legislatura el Proyecto de Ley por el que se establece el régimen de infracciones y sanciones para personas empresas o instituciones que no garanticen la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En la misma línea, Valcarce reiteró la intención del Gobierno de regular las empresas de inserción laboral y aumentar las medidas de apoyo al empleo de discapacitados con bonificaciones tanto para el empleo estable como temporal.

Modificación de la Constitución
Igualmente, recordó el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para sustituir en el texto de la Constitución el término 'disminuido' por el de 'discapacitado' en la próxima reforma que se realice de la Carta Magna.

También participó en la inauguración de estas jornadas el diputado Jesús López-Medel (PP), vicepresidente primero de la Comisión no Permanente para las Políticas de la Discapacidad. López-Medel destacó que España, junto a Argentina, es el único país que cuenta con una comisión parlamentaria específica para este tipo de políticas.

Según dijo, en sus tres años de funcionamiento, esta comisión ha aprobado un total de proposiciones no de Ley dirigidas al Gobierno, todas ellas por unanimidad. "Esa comisión tiene un rumbo diferente de pragmatismo para buscar entre todos soluciones y se ha hecho un gran esfuerzo entre todos los partidos para lograr el acuerdo", subrayó.

Fuente: Europa Press

"Los contribuyentes con discapacidad ya no tienen que pagar el IRPF ni por el reembolso en forma de renta de su plan de pensiones, ni por las aportaciones que lleguen a su patrimonio protegido. Ésta es la principal novedad del impuesto que entró en vigor en enero de este año, pero que no debe reflejarse en la actual declaración de la renta referida a ingresos obtenidos en 2006.

Aunque la exención no es total, sino hasta un importe máximo de 17.971,2 euros en el año para 2007 -tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples-, no hay que olvidar que mientras se aporta al plan de pensiones o al patrimonio protegido de las personas con discapacidad se ganan reducciones en el impuesto. Además, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las aportaciones a planes de pensiones, cuando son de una persona con discapacidad, el tope máximo deducible es de 10.000 euros por aportante sin el otro tope que impide reducir más del 30% de las rentas del trabajo.

Este régimen fiscal de los planes de pensiones (reducción por las aportaciones y exención al rescate en forma de renta) se extiende a los nuevos seguros de dependencia y a los planes de previsión empresarial.

Otros dos nuevos supuestos libres de gravamen son la exención, por un lado, de las ayudas públicas que se reciban para financiar la estancia en residencias o en centros de día tanto de discapacitados como de personas mayores de 65 años y, de otro lado, de las prestaciones públicas para sufragar el coste de cuidar en el entorno familiar a la persona dependiente.

El resto de cuestiones en materia de dependencia -de personas mayores o con discapacidad o de hijos pequeños-, ahondan en la senda ya iniciada por el anterior IRPF. Se elevan las cuantías que reducen el impuesto, pero los supuestos son los mismos: personas con discapacidad, hijos (descendientes) menores de 25 años y padres (ascendientes) mayores de 65 años.

La discapacidad mínima con impacto en el IRPF se mantiene en el 33%. Esta situación, así como la necesidad de ayuda de terceras personas para desenvolverse en la vida diaria deben acreditarse con un certificado expedido por la Administración. En todo caso, se estima que una persona tiene una minusvalía de más del 65% cuando ha sido reconocida judicialmente aunque no llegue a este grado.

El patrimonio protegido está sometido a una estricta vigilancia y debe proporcionarse a Hacienda su composición, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas.

En materia de tributación familiar, el nuevo impuesto sigue manteniendo la posibilidad de hacer la declaración conjunta para, según el propio impuesto explica, no perjudicar a matrimonios en los que un cónyuge no puede acceder al mercado laboral. Aunque el nuevo IRPF, a diferencia del anterior, sólo ofrece un mínimo personal común para todos los tipos de declaración -5.050 euros-, incrementa esta cifra en 3.400 euros en las declaraciones conjuntas de los matrimonios y en 2.150 euros en las conjuntas de padre o madre con hijos. Con lo cual, al final, sí hay mínimos personales diferentes en función de la unidad familiar de que se trate.

Si en el IRPF de 2006, las reducciones de la base se aprovechan más por quien tenga un tipo marginal más elevado y, por tanto, más nivel de renta; en el nuevo impuesto, todas van topadas a un 24%. Con un tipo marginal superior a ese porcentaje, se saldrá perdiendo.

Fuente: Cinco Días

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha iniciado los trabajos preparatorios de la nueva Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) que comenzará a difundirse a partir del cuarto trimestre de este año y servirá para detectar las necesidades reales del colectivo.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ministerio de la Presidencia explica que la nueva encuesta pretende 'reflejar las necesidades reales del colectivo de personas con discapacidad incluyendo la situación específica de las mujeres discapacitadas'.

Entre otros aspectos, la encuesta analizará la actividad económica de las personas de este colectivo, la situación de los cuidadores, el nivel de educación de los discapacitados, las prestaciones que reciben y el entorno familiar.

La encuesta también detectará si este colectivo tiene una buena integración escolar o si sufre discriminación por discapacidad en el mundo laboral o la escuela, añade el citado Ministerio.

Para elaborar las preguntas de esta encuesta el INE ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar, con representantes del Ministerio de Trabajo, de la Fundación ONCE, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y de la confederación española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (FEAPS).

Fuente: Agencia EFE

Unas 200 personas con trastorno mental grave son atendidas mensualmente en alguno de los dispositivos de rehabilitación integrados en el proyecto Empleases, iniciado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y acogido a la iniciativa comunitaria Equal.

Estos dispositivos de rehabilitación se dedican, según informó la Junta de Extremadura en nota de prensa, a evaluar, orientar, apoyar y poner en marcha una serie de medidas de acompañamiento para la formación e incorporación laboral de este tipo de pacientes.

Dicho proyecto, promovido por la Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud del SES, es un conjunto de actuaciones destinadas a complementar los programas de rehabilitación realizados desde el Servicio Extremeño de Salud.

Inserción laboral
Empleases es un proyecto que, con un presupuesto de 190.171 euros, persigue la inserción laboral de personas con especiales dificultades para el acceso al empleo. Inició su actividad en los primeros meses de 2005 y tiene prevista su finalización en diciembre de 2007.

Su objetivo principal es completar los procesos de rehabilitación de personas con enfermedades mentales graves, con drogodependencia en proceso de deshabituación o con VIH/Sida y en total se estima que pueden ser potenciales beneficiarios del programa unos 5.000 pacientes de la región.

Las enfermedades mentales constituyen uno de los principales problemas de salud por su impacto epidemiológico, la carga social y económica que suponen y su elevada utilización de servicios, especialmente en los casos de trastornos mentales graves y de larga duración. Si a esto se suma la presencia, en ocasiones, de pequeñas alteraciones de conducta y mentales y el estigma y prejuicio asociado a este tipo de trastornos, la consecuencia es la pérdida de redes sociales de apoyo, las situaciones de dependencia, el aislamiento y la exclusión social.

Ante esta situación, las dificultades para el acceso al empleo constituyen uno de los principales problemas para estas personas: menos del 20 por ciento tienen empleos competitivos; sólo el 10-15 por ciento de los empleados lo mantienen entre 1 y 5 años y en empleos protegidos; mientras que, tan solo el 47 por ciento lo mantienen más de 6 meses.

Además de las derivadas del propio mercado laboral, las dificultades específicas para el acceso al empleo por parte de estas personas provienen tanto de la discapacidad asociada a la propia enfermedad, como a distintos elementos añadidos a ella.

Así, por ejemplo, la edad media de inicio de la enfermedad (entre los 18 y los 28 años) impide la adquisición de una adecuada formación académica y/o profesional, dificultando el acceso a experiencias laborales previas; la apatía y desmotivación, así como el deterioro cognitivo y conductual presentes en numerosos casos, condicionan el interés por la búsqueda de empleo, la falta de planificación profesional, la dificultad para identificar sus intereses profesionales y la adecuada valoración de sus capacidades; sus especiales dificultades de relación social antes aludida influyen de manera decisiva en la puesta en marcha de habilidades de búsqueda y mantenimiento del empleo.

En Extremadura, las personas con trastorno mental grave reciben atención ambulatoria y hospitalaria por parte del Servicio Extremeño de Salud, que, además, dispone de 6 centros de rehabilitación psicosocial (CRPS), donde los usuarios adquieren habilidades para potenciar su nivel de autonomía e integración social, centros que atienden al año en torno a 500 personas. El SES ha puesto en marcha también dos programas de inserción laboral.

El proyecto Empleases surge para complementar todas las actuaciones citadas con medidas de apoyo y fomento del empleo que contribuyan a la integración social y al mantenimiento de las personas con trastorno mental grave en la comunidad.

Además del SES, que promueve, dirige técnicamente el proyecto y lo financia con el 25 por ciento de su coste, participan en EMPLEASES el Instituto de la Mujer de Extremadura, el Comité Ciudadano Antisida, la Fundación Jara, la Fundación Forempleo y UGT Extremadura.

Las actuaciones realizadas hasta ahora a través del proyecto EMPLEASES han sido la contratación de seis técnicos de Inserción Laboral que se han incorporado a los CRPS y a los Programas de Inserción Laboral.

Asimismo, se han realizado tareas de captación de empresarios a través de información y sensibilización para promocionar el empleo normalizado para los usuarios del proyecto.

Formación y empleo
Por otra parte, se ha realizado un estudio sobre las necesidades de formación y empleo de las personas con trastorno mental grave, para lo que se ha entrevistado a 488 pacientes.

Además, en colaboración con el Sexpe, se han desarrollado programas de formación en técnicas de orientación al empleo para técnicos del proyecto, así como jornadas de trabajo entre técnicos del Sexpe y de Empleases.

Igualmente, Sexpe y SES han constituido un grupo de trabajo conjunto para elaborar un Manual de Buenas Prácticas, y, con el Centro Especial de Empleo La Encina, dependiente del Ayuntamiento de Mérida, se colabora para poner en marcha la actividad formativa reglada a través de los cursos del Plan FIP y fundamentada en la actividad ocupacional y el entrenamiento prelaboral, con la participación de 21 personas.

Se estudia también, a través del proyecto Empleases, la creación de dos centros especiales de empleo que proporcionarán trabajo a más de 40 personas con enfermedad mental.

Actualmente, 54 personas con enfermedades mentales graves están en talleres de empleo programados por el proyecto Empleases, 48 están en formación y 18 están contratados en empresas.

Fuente: Europa Press