Novedades en la contratación de trabajadores discapacitados. Empieza a ir en serio.

Dos novedades han afectado la integración laboral de las personas con discapacidad en el último mes:

Por una parte, el Gobierno y los agentes sociales de ámbito estatal han alcanzado un acuerdo parcial de reforma del marco laboral (ver apartado de Legislación) que, aunque puede considerarse limitada y es cierto que deja fuera algunos aspectos claves para dotar de agilidad al mercado de trabajo, contempla medidas que van a incidir directamente en la contratación de trabajadores con discapacidad. Se mejoran las condiciones de bonificación de contratos y se facilita la conversión de contratos temporales a fijos, se establece una cuantía anual de 3.000 euros para las personas con discapacidad contratadas con carácter indefinido (3.200 para los casos de discapacidad severa, en enclaves de empleo) y, en el caso de la contratación temporal, las bonificaciones se extienden a 2.200 euros anuales. También se establece una actuación creciente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social –a la que se dota de mayores efectivos– para vigilar de forma más intensiva el cumplimiento de la LISMI y las condiciones de trabajo de los trabajadores con discapacidad.

La otra gran novedad normativa es el debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (Ver también apartado de Legislación).

Pensamos que estas normativas, que deben alcanzar todavía un grado mayor de concreción durante su tramitación, van en la línea que se había apuntado y que fue objeto de estudio y debate en la Jornada que el Programa UNO MAS celebró el pasado día 27 de abril en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, organizada por la FUNDACIÓN PREVENT y por MC MUTUAL. La gran participación de empresas, directivos y expertos, así como el nivel de las intervenciones, nos confirmó en la idea de que el mejor camino es vincular estratégicamente el cumplimiento de la Ley, la responsabilidad empresarial y la competitividad.

La Jornada técnica que tendrá lugar en Madrid, el próximo día 21 de Junio, nos permitirá profundizar aún más en las exigencias legales, en las oportunidades empresariales y en las soluciones que cada realidad necesita. Le invitamos a participar, a plantear dudas y cuestiones específicas y a aportar su experiencia y enfoque.

Según la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), las empresas de más de 50 trabajadores han de tener obligatoriamente un 2% de personas con algún tipo de discapacidad en plantilla. Aunque son pocas las compañías que se acercan a ese porcentaje, la buena noticia es que algunas lo superan o intentan cumplir la Ley adoptando medidas alternativas.

Diversas iniciativas
Un ejemplo de integración podría ser DKV, que supera el ocho por ciento de empleados discapacitados y que en 1999 creó la Fundación Integralia, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la inserción social y laboral de discapacitados físicos.

Otro caso a seguir es el de Ford España, que puso en marcha una empresa para facilitar la integración socioeconómica de discapacitados. La compañía involucró al Grupo Fundosa –que pertenece a la Fundación Once–, y en 1999 se acordó la creación de Fabricación Modular Valenciana (FMV), un centro especial de empleo promovido al 50 por ciento por Fundosa y por la Fundación para el Desarrollo y la Innovación (que a su vez está formada por el Gobierno de la Generalitat Valenciana y Ford España).

En 2005 se creó el segundo centro, Modular Logística Valenciana (MLV), que al igual que el primero presta a Ford servicios de ensamblaje de diferentes componentes para crear subconjuntos que posteriormente son acoplados en los vehículos.

Medidas alternativas
El Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, establece las medidas de carácter alternativo al cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento a las que, de forma excepcional y por tiempo definido, pueden acogerse las empresas que no puedan cumplir con la obligación de contratación directa. Estas medidas son:

• Compra de bienes a un centro especial de empleo o trabajador autónomo con discapacidad por un importe anual, de al menos, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), equivalente a 6.577 euros por cada empleado con discapacidad que no se ha contratado.
• Contratación de servicios a un centro especial de empleo o trabajador autónomo con discapacidad por un importe anual, de al menos, tres veces el Iprem por cada trabajador con discapacidad que se ha dejado de contratar.
• Donación o patrocinio de actividades de inserción laboral y creación de empleo a favor de personas con discapacidad. El importe de la donación debe ser de al menos 1,5 veces el Iprem por cada persona que no se ha contratado.
• Constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. El importe anual de este contrato será de, al menos, tres veces el Iprem por cada trabajador con discapacidad que se ha dejado de contratar.

Fuente: Expansión

Un trabajador al que se le reconozca la incapacidad permanente total no podrá ejercer una profesión similar a la que desempeñaba anteriormente, pero, según nuestro ordenamiento, sí puede llevar a cabo otros trabajos en profesiones distintas por las que fue declarado incapaz, con lo que es compatible con el cobro de pensión por incapacidad total.

Esto se desprende de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a partir del recurso de un trabajador que fue declarado incapacitado permanente para su profesión de electricista peón en 1991. En 2001 empezó a trabajar como chófer, y la Seguridad Social lo consideró incompatible con la pensión.

Sentencia
Sin embargo, el Tribunal concluye que la Ley General de la Seguridad Social vincula la incapacidad únicamente con el ejercicio de la actividad que el trabajador realizaba, con lo que no existe ninguna regla de incompatibilidad. Así, el trabajador puede ejercer otra profesión.

Otro caso bien distinto es el de los trabajadores con incapacidad permanente absoluta, ya que en este supuesto, la persona en cuestión no puede desempeñar función alguna ni en su profesión ni en ninguna otra, tal y como establece la Ley.

Fuente: El Economista

La reciente apertura de una oficina en Mérida de la Confederación de la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe) ha permitido a la provincia extremeña desarrollar el plan de inserción laboral de personas con discapacidad física u orgánica.

De hecho, este trabajo se está llevando a cabo desde hace ya dos años, y los resultados son altamente positivos. Se ha creado una amplia bolsa de trabajo y se han colocado 8 personas en distintas empresas de la ciudad, de las 151 personas que se han interesado.

Pasos a seguir
“Lo que hacemos primero es dar información a personas como demandantes de empleo. Les informamos sobre qué es este programa de inserción, quiénes somos y cómo formar parte de la bolsa de trabajo”, explica uno de los técnicos de la asociación, José Manuel Rodríguez.

Posteriormente viene una entrevista personal: “Aparte de los datos personales, de su formación, de su experiencia, hablamos, escuchamos, que es fundamental, a la persona sobre sus problemas físicos o sus reflexiones. Esto es muy importante para, después, orientarles sobre las salidas profesionales”.

A partir de ese momento entran en el registro de la bolsa de trabajo, que incluye también la posibilidad de realizar diversos cursos de formación.

El último paso sería ya el contacto con la empresa.

Cifras reveladoras
Así, la tarea de este plan se presenta indispensable para una región como Extremadura: Los últimos datos apuntan a que cerca de la mitad de las personas con discapacidad física está en paro. La ley española obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar a un 2% de discapacitados, pero esta disposición apenas tiene efecto en Extremadura porque hay muy pocas empresas con ese número de trabajadores.

Fuente: Hoy Digital

Con 11 años, le diagnosticaron una dura enfermedad degenerativa: la atrofia multisevera. Lo que empezó con un leve arrastrar de pies terminó con su cuerpo atado a una silla de ruedas y con la necesidad de emplear un ordenador con un sintetizador de voz incorporado para poder expresarse.

Sin embargo, esto no le impidió sacarse la licenciatura de Medicina, aprobar el MIR y trabajar como médico de atención primaria en un ambulatorio de la Seguridad Social durante tres años. Tras esos años de trabajo fue despedido y desde entonces inició durante más de 10 años una batalla judicial por lo que considera despido improcedente .

Inicios de la discriminación
Al entregar toda la documentación necesaria que se les exige a los MIR (médicos internos residentes) en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde el discapacitado iba a comenzar su formación en Farmacología Clínica -una especialidad que se encarga de estudiar los efectos beneficiosos y perjudiciales de los medicamentos-, la Comisión de Docencia del centro sanitario comenzó a preguntarse si podría seguir el programa formativo con su minusvalía. Decidió plantear esta cuestión a la Comisión Nacional de Farmacología Clínica, un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad.

Mientras, se incorporó al hospital junto al resto de los residentes, pero pronto comenzó a sentirse discriminado; todo cambió con el dictamen de la comisión, que concluyó que "el doctor no podrá llevar a cabo las actividades profesionales que un residente debe afrontar progresivamente durante sus años de formación y que constituyen la base de su capacitación profesional".

Lo que ahora pide este médico discapacitado es una oportunidad: "Si me dejan hacer la especialidad con las respectivas adaptaciones de tiempo, espacio y ayudas necesarias, puedo lograrlo. No tengo objeción en desplazarme y rotar por las diversas especialidades, pero no puedo hacerlo con la rapidez de los demás, ni por los estrechos pasillos llenos de barreras arquitectónicas. No me pueden pedir que cumpla al pie de la letra un programa de formación en las mismas condiciones que los demás residentes. ¿Por qué no adaptan mi puesto de trabajo como se hace en muchas empresas?".

Fuente: El Mundo

La directora general de Relacions Laborals de la Generalitat, Mar Serna, ha asegurado que la Generalitat “sancionó durante el año 2005 con multas por valor de 74.000 euros a 70 empresas” del total de las inspeccionadas por su departamento por incumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI).

Estos datos fueron dados durante la inauguración de la Jornada Técnica: ‘Integración Laboral de personas con discapacidad. Entre la responsabilidad, la competitividad y la ley’, organizada por Fundacion Prevent y MC MUTUAL, con la colaboración de Aedipe.

500 controles
La Conselleria de Treball realizó visitas a 500 empresas durante el pasado año, siguiendo el programa de actuaciones aprobado por el Govern, y Serna destacó que, de estas visitas, “a 70 se les hicieron requerimientos y se les puso un plazo para cumplir la normativa y, además, se abrieron actas de infracción a un 14% de las empresas inspeccionadas”, imponiéndose multas por valor de 74.000 euros.

Mar Serna aprovechó para anunciar que la Generalitat aumentó en un 16% los contratos con centros de personas discapacitadas, lo que supondrá una ayuda de 7 millones de euros para los centros que contraten a este tipo de trabajadores.

Fuente: Fundación Prevent / Expansión

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha anunciado mediante un convenio de colaboración con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que el Gobierno seguirá adaptando las condiciones físicas de trabajo de los discapacitados empleados en la administración pública.

El objetivo concreto de este convenio es "continuar con la adaptación de las condiciones físicas de trabajo de las personas con discapacidad" que trabajan en lugares relacionados con las administraciones públicas.

Por otra parte, el ministro aseguró que entre los años 1994 y 2003 entraron a formar parte de la plantilla de empleados públicos españoles un total de 147 personas con discapacidad, tan sólo 23 más que las que lo hicieron el año pasado, cuando la cifra total fue de 124.

Estatuto del Empelado Público

El ministro Sevilla también se ha referido al Estatuto del Empleado Público, suscrito este mes de mayo con los sindicatos, y en el que, según su opinión, recoge "prácticamente todas las sugerencias hechas por el CERMI para reconocer la igualdad de acceso y aquellas discriminaciones positivas que se tiene que hacer para que las personas con discapacidad puedan desempeñar todas sus demás capacidades" en el ámbito laboral público.

En concreto, este Estatuto establece también que las ofertas de empleo público reservarán un cupo no inferior al 5% de las vacantes para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Asimismo, establece la discriminación de los trabajadores discapacitados como una falta "muy grave", que podría suponer el "despido disciplinario" del funcionario.

Entre los derechos individuales recogidos para los funcionarios, está el de no discriminación por razón de nacimiento, raza, género, orientación sexual, religión, opinión y discapacidad.

Fuente: Discapnet