Noticias

CASTILLA Y LEÓN, LA JUNTA DE CYL Y EL MINISTERIO FISCAL FIRMAN UN CONVENIO PARA LUCHAR CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA COMUNIDAD

El acuerdo se sustenta en la información recíproca, cursos de formación y colaboración entre autoridad laboral y acusación pública

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral en España, Juan Manuel de Oña Navarro, suscribieron hoy un convenio para aunar esfuerzos entre la autoridad laboral y la acusación pública con el fin de reducir el máximo el número de accidentes laborales en la Comunidad, en la línea de lo ya realizado en otras nueve comunidades autónomas.

El convenio, rubricado hoy por ambos representantes, en un acto desarrollado en la sede de la Consejería de Economía y Empleo, en Valladolid, al que, entre otros, asistieron responsables de UGT y CC.OO, Cecale y de la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo, viene a articular la cooperación técnica y material necesaria para asegurar canales de información recíprocos sobre la actuación de cada una de las partes, tanto la laboral como la judicial, en relación con los accidentes de trabajo, con resultado de muerte y lesiones graves, o incluso en situaciones de riesgo con trascendencia penal.

Junto a esa información y colaboración entre ambas vías, la administrativa o laboral y la penal, el acuerdo, con vigencia hasta 2010 pero prorrogable, contempla también cursos formativos para mejorar los conocimientos de fiscales, inspectores de trabajo y técnicos, al objeto de que los primeros se familiaricen con la normativa sobre condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y los otros con el tratamiento penal de las conductas antijurídicas en este campo.

El titular de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, en declaraciones recogidas por Europa Press, subrayó la importancia de esta iniciativa ante la "preocupación" compartida entre ambas partes por la siniestralidad laboral, en especial en un año, tal y como reconoció, "en el que las cosas no han empezado muy bien", aunque también añadió que la dinámica de los últimos años invita a pensar que esta lacra social se está reduciendo en Castilla y León.

Así, en 2007 el número de accidentes en la Comunidad se elevó a 45.422, es decir, 863 menos que en 2006, lo que supone una reducción del 1,86 por ciento, mientras que esa tendencia a la baja también se observó en los siniestros leves (44.957), 713 menos que 2006; los graves (409), 123 menos que en el anterior ejercicio, y los mortales, con 56, frente a los 83 anteriores (-27).

Accidentes 'in itinere"
Especial mención requiere el incremento "excesivo" de los accidentes 'in itinere' (en el desplazamiento por carretera hacia o de regreso del puesto de trabajo), que en 2007 se elevó a 3.380, algo que Villanueva confesó no poder explicar, ni tampoco el elevado número de accidentes mortales registrado en lo que llevamos de año.

El otro firmante del convenio, el fiscal del que depende la red de fiscales creada en toda España en materia de siniestralidad laboral, Juan Manuel de Oña Navarro, lo calificó como un "logro importante" en una Comunidad que es la más extensa de España y en el marco de "ese objetivo prioritario" de la Fiscalía que es la seguridad laboral, al tiempo que resumió el contenido del acuerdo en la necesidad de "concentrar y orientar esfuerzos en una misma dirección para ser más eficaces".

De Oña advirtió de que las cifras de siniestralidad en España no son "razonables" y las comparó con las manejadas por otros países de la Unión Europea, sobre todo Alemania y Francia, que en los últimos veinte años han logrado reducir los accidentes en un 50 y un 32 por ciento, respectivamente, así como un 22 por ciento el conjunto de los países europeos.

Aumento de los procesos penales
Sin embargo, el coordinador en España de todos los fiscales especializados en siniestralidad laboral sí enfatizó que "por primera vez en muchísimos años" las cifras de accidentes se han reducido en el conjunto del Estado, sobre todo en el de casos mortales, al pasar en 2006 de 966 víctimas a 844 en 2007 (-12%), "lo que permite plantearse si se ha llegado a un punto de inflexión y se está en la buena línea".

Lo que sí destacó De Oña es el fuerte incremento de los procesos penales derivados de los accidentes laborales, tanto mortales como graves. Así, explicó que si hace tres años se producían en España unos 2.000 accidentes mortales que se traducían únicamente en no más de 150 procesos penales, en 2007, pese a reducirse la cifra de muertos, el número de causas por la vía penal se incrementó en un 60 por ciento, e incluso "se ha logrado obtener condenas por situaciones de mero peligro, sin lesión del empleado, algo impensable en épocas anteriores".

En cualquier caso, el fiscal quiso dejar muy claro que la función del acusador público "no es criminalizar la actividad económica ni perseguir a determinados colectivos, sino perseguir con eficacia a los que sí infringen el Código Penal. Desde hoy, con convenios de este tipo, se puede decir a los trabajadores que están un poco más seguros porque la autoridad laboral y el riscal trabajan más unidos no sólo para proteger sus derechos laborales sino sus bienes jurídicos más preciados, como la salud, la integridad física e incluso la vida", sentenció.

Fuente: Europa Press