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Siete de cada diez personas reconocidas todavía no ha recibido la ayuda que marca la Ley.

Marina Martínez es una joven de Badalona que tiene 14 años y un retraso mental diagnosticado desde que tenía dos. «A primera vista, parece una chica como cualquier otra porque su retraso no es visible físicamente », cuenta su padre, Juan José Martínez. La entrada de Marina en la vida de él y su esposa no ha sido un camino fácil. Tras detectarle el retraso, la joven ha pasado por varias escuelas, pero en ninguna se adaptaba.

Primero estudió en una ordinaria, después la compaginó con una de educación especial, para después llegar a una pública inclusiva hasta que, por fi n, y tras escuchar adjetivos como «problemática o inquieta» en los anteriores centros, Marina aterrizó en un colegio concertado de Educación Especial en 2004. «Para entonces mi mujer ya llevaba cuatro años sin trabajar para atenderla y la nueva escuela nos supuso un gasto extra de 400 euros mensuales », cuenta Juan José.

Esta cifra es la que, aproximadamente, la Ley destinará a la joven. Tras emitir la solicitud en junio 2007, el Govern estableció que Marina se encuentra entre los grandes dependientes –nivel 3 grado 1–. El pasado mayo se le ajudicó un Plan Individualizado de Atención (PIA), plan que una asistente social estudia y último paso antes de recibir la ayuda. Falta poco para cumplirse el plazo de tres meses de espera máxima prometida por el Govern y la prestación todavía no ha llegado al hogar de los Martínez.

A Juan José parece no sorprenderle que, como a su familia, otras 12.658 personas no hayan recibido la ayuda tras asignarle un PIA y que, además, 37.779 catalanes (40 por ciento de las solicitudes) sigan a la espera de ser valorados en el baremo de grados y ayudas, como denunció ayer UGT. «Es una cuestión de dejadez administrativa, si todo hubiese salido bien, debería haber empezado a cobrar en diciembre », cuenta.

Hace apenas dos meses, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, prometió que a partir de este verano se cumplirían estrictamente los plazos y se alcanzaría «la plena normalidad» en la Ley, unos objetivos que el sindicato no ve compatibles por la «falta de personal y financiación». La agrupación denunció la administración está «desbordada». La secretaria de Políticas de Mujer e Igualdad de UGT, Raquel Gil, destacó que la falta de presupuesto ha derivado en que la mayoría de prestaciones, el 88,3%, sean económicas y sólo el 11,7 lo sean en forma de servicios , como la teleasistencia o plazas en residencias.

Fuente: La Razón